De esta forma, Cataluña sigue el camino marcado por Madrid, que ya presentó un escrito ante Tribunal Constitucional alegando que la norma se extralimita en sus competencias.Tanto ERC como Junts planteaban recurrir los mismos artículos de la ley. Se tata de partes o la totalidad del artículo 2, sobre la finalidad de las políticas públicas de vivienda; el 15, sobre el derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística; el 16, sobre vivienda protegida; el 17, sobre la vivienda accesible incentivada; el 18, sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado; y el 27, 28 y 29, que abordan los parques públicos de vivienda. La votación de este viernes, que salió adelante con 72 votos a favor (ERC, Junts y CUP), 39 en contra (PSC y En Comú Podem) y 19 abstenciones (Vox, Ciudadanos, PP y el diputado no adscrito), permitirá que el Parlamento catalan interponga el recurso para recurrir todos estos preceptos.
A su vez, recurrirá la disposición transitoria primera, sobre las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública antes de la aprobación de la ley; la segunda, sobre los objetivos en relación con el parque de viviendas destinado a políticas sociales; y la disposición final séptima, que versa sobre títulos competenciales. Los preceptos que se recurrirán son los que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) dictaminó que vulneran la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo que fija el Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como los principios de autonomía financiera y de gasto de la Generalitat.
El procedimiento para poder recurrir esta ley ante el Constitucional lo inició Junts a principios de julio al solicitar al CGE, un organismo de carácter consultivo, el dictamen preceptivo sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña de esta veintena de disposiciones de la ley. El organismo emitió el 4 de agosto su dictamen en el que concluía que, en efecto, algunos apartados de la norma son inconstitucionales por vulnerar las competencias autonómicas en materia de vivienda y urbanismo, y el principio de autonomía financiera. Una vez recibidas las conclusiones de los juristas, tanto ERC como Junts solicitaron al Parlamento la votación.
Antes de su aprobación en el Congreso, el 27 de abril de este año, la Ley de Vivienda ya había levantado ampollas entre los principales líderes catalanes. En Junts había voces como la de la diputada Míriam Nogueras que rechazaban el texto por invadir competencias de la Generalitat. En paralelo, había otra ala, encabeza por el consejal de Barcelona, Xavier Trias, que aseguró durante su campaña a las elecciones municipales que el texto sería aplicado en caso de obtener luz verde. “La culpa de que no haya vivienda no la tienen los privados, es porque el Estado y las administraciones no hacemos todo lo que teníamos que hacer”, dijo en campaña.
De manera independiente a este recurso, el mes pasado la Generalitat envío al Ministerio de Transportes el informe definitivo para la aplicación de la ley en Cataluña. Su aprobación permitiría que a partir de ahora 140 municipios puedan considerarse mercados residenciales tensionados y se convertiría en la primera comunidad autónoma en aplicar los topes de precios al alquiler.
