El impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.
Además de Madrid, otras tres comunidades autónomas -Andalucía, Galicia y Murcia-, todas ellas gobernadas por el PP, han recurrido la tasa; asimismo, en marzo la Asamblea de Madrid presentó ante el TC su propio recurso, en cumplimiento con el mandato del pleno de la Cámara regional, que aprobó esta iniciativa a propuesta del PP y con el apoyo de Vox. El pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional descartó suspender cautelarmente el impuesto, como pretendía la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), al entender que ello supondría la suspensión de una ley, algo que está fuera de sus competencias, según ha informado EFE.
El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ha recaudado 623 millones de euros este 2023, afectando a 12.010 grandes patrimonios -el 0,1% del total de los contribuyentes-, que han abonado una cuota media de 52.000 euros, según datos del Ministerio de Hacienda.
Con el fin de evitar la doble imposición, los contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas solo tributan por la parte que no haya sido gravada por su comunidad autónoma en el impuesto sobre el patrimonio, de ahí que la recaudación provenga fundamentalmente de las comunidades que bonifican total o parcialmente dicho impuesto.
Según detalla Hacienda, la recaudación total por el impuesto a las grandes fortunas y por el impuesto sobre el patrimonio asciende este año a más de 1.868 millones de euros, una cifra alineada con las previsiones del Gobierno.
De los 12.010 declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros; en segundo lugar se sitúa Andalucía, con 865 contribuyentes que han abonado 29,7 millones, y en tercer lugar, Galicia, con 91 contribuyentes que han pagado 9,8 millones.
El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, por su parte, sostiene que este impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas de más de tres millones de euros provocará unas pérdidas a las arcas públicas de la región de entre 1.200 y 1.600 millones al año, ya que frenará las inversiones extranjeras en la región. Asimismo, argumenta que el Gobierno impone una cuota nacional para todas las comunidades autónomas, que tienen las competencias en política fiscal, según el artículo 156 de la Constitución.
Otro de los aspectos que denuncia el Ejecutivo madrileño es «la inseguridad jurídica» del nuevo impuesto, por sus efectos retroactivos para todo 2022 pese a su entrada en vigor a finales de diciembre, lo que conlleva «una carga fiscal» para los contribuyentes que no contaban con ello.