Así las cosas, el Pleno de la Corte celebrado este miércoles, ha estimado, por unanimidad, el recurso planteado por el Partido Popular La impugnación presentada por los diputados ‘populares’ contra el acuerdo de la Mesa de Edad de 10 de junio de 2024, el acuerdo de elección de la Mesa del Parlament y el acto del presidente del mismo que lo declaró constituido, contabilizando los votos delegados de Puigdemont y Puig, ha resultado, por tanto, revocado.
La ponencia, de la que ha sido autor el magistrado profesional Ricardo Enríquez, aceptada por el resto de los miembros del TC, proponía estimar la pretensión aplicando la doctrina fijada el pasado junio, cuando el TC anuló el voto telemático de Puig en la anterior legislatura, dando así la razón, en aquella ocasión, a un recurso de Socialistes i Units per Avançar.
El Constitucional ya aplicó doctrina el pasado septiembre al estimar por unanimidad los recursos registrados por Vox y Ciudadanos contra esa misma decisión de la Mesa del Parlament de habilitar el voto delegado de Puig durante la pasada legislatura.
Sin embargo, la nulidad acordada para los votos de Puigdemont y Puig no tendrá efectos prácticos sobre el actual Parlamento catalán porque dichos votos no fueron determinantes para los acuerdos adoptados, a los que no se ha extendido la nulidad. Eso sí, tiene un «efecto de consolidación de la doctrina» del propio TC que conviene no olvidar y que, una vez más, resuelve negativamente la pretensión de un político que aspira a «participar plenamente» en la actividad de representación pública «sin rendir cuentas con la Justicia española» que le reclama en la causa del procés, desde 2017, por varios posibles delitos y escuchar su declaración antes de notificarle una imputación formal.
La Corte de Garantías ya rechazó el 18 de junio adoptar la medida cautelarísima que le pedía el PP de suspender dichos votos delegados, argumentando, precisamente, que «no fueron determinantes del resultado de las votaciones celebradas el pasado 10 de junio».
