La Corte de Garantías admitió a trámite en abril de 2021 el recurso interpuesto por el PP contra la inconstitucionalidad del tributo. El grupo parlamentario argumentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no podía hacer el impuesto permanente a través de la Ley de Presupuestos Generales de ese ejercicio ya que una norma como esta no está habilitada para hacer cambios tan sustanciales sobre el tributo, a menos que así lo habilite la ley del mismo.
A juicio de los populares, el Ejecutivo prácticamente creó el impuesto ya que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero quitó esta tasa en 2008 y la recuperó de forma temporal para 2011 y 2012. Posteriormente, Mariano Rajoy lo volvió a prorrogar para 2013 y 2014. Desde entonces se fue prolongando ejercicio tras ejercicio hasta que Sánchez lo hizo en permanente en la Ley de Presupuestos de 2021.
Una sentencia del Constitucional en contra del tributo supondría un golpe de hasta 6.700 millones para las arcas públicas. Hacienda tendría que devolver lo recaudado más los intereses de demora.
No obstante, la Corte ha acostumbrado en los últimos años a limitar los efectos de las devoluciones, bajo el argumento de mantener la seguridad jurídica, solo a aquellos ciudadanos que hayan sido diligentes y hubieran recurrido la liquidación en vía administrativa o judicial y aún no tuvieran una sentencia en contra firme. Así lo hizo cuando anuló el método de cálculo del conocido como impuesto de la plusvalía municipal o cuando declaró inconstitucional parte de los Reales Decretos-leyes impulsados por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016 que endureció el Impuesto de Sociedades para incrementar la recaudación.
Por ello, los fiscalistas, desde que el Constitucional admitió el recurso del PP de Patrimonio, aconsejan a los contribuyentes que, primero paguen el impuesto, y después impugnen la liquidación para no cerrarse las puertas ante un posible fallo de la Corte que les beneficie.
La recaudación por este impuesto se ha incrementado notablemente desde 2021 hasta 2024 (ejercicio que se liquidó en la primavera de este 2025) por la reactivación de varias CCAA del tributo, como Madrid, Andalucía y Galicia, después de que el Ejecutivo central pusiera en marcha en 2022 el impuesto sobre las grandes fortunas.
Hacienda ingresó en 2021 un total de 1.352 millones por Patrimonio; en 2022, 1.250 millones, en 2023, hasta 1.978 millones; y por el ejercicio 2024, 2.133 millones de euros. Un incremento de casi el 58% de la recaudación en cuatro años.
El aumento más notable se aprecia a partir de 2023 ya que ese fue el ejercicio en que estas tres CCAA reactivaron el tributo para evitar que el Estado se quedara con la recaudación de los más adinerados a través de la nueva tasa a los ricos (que funcionaba como un tributo supletorio a Patrimonio, afectando principalmente a los contribuyentes de las comunidades donde estaba exento) y así el dinero entrara a las arcas regionales. A medida que se retrasa las sentencia más dinero entra en el juego de las devoluciones.
