Bruselas pide al tribunal que condene al Estado a una sanción de 29.727,5 euros por cada día de retraso en la aprobación de la normativa y hasta que, finalmente, entre en vigor. La Directiva debía estar adaptada al derecho español el 1 de agosto de 2022, lo que implica que el Ejecutivo ya lleva 1.345 días de retraso y la multa ya alcanzaría los 39,98 millones de euros. No obstante, la Comisión también permite al TJUE que establezca su propia cuantía de la sanción, siempre que el importe mínimo sea de al menos, 7,54 millones de euros.
La Directiva de condiciones laborales transparentes obliga a los empresarios a incrementar la información que dan a los trabajadores antes de firmar el contrato. Las compañías tendrán que entregar por escrito a los empleados información sobre la cuantía del salario base, de cada uno de los complementos retributivos que vayan a percibir, periodicidad y método de pago, así como los mecanismos empleados para calcular los bonus o las retribuciones variables y en qué casos se reciben.
Además, los contratos tendrán que incluir de forma clara una descripción del puesto de trabajo para que el empleado sepa en qué consiste, así como al grupo que va a pertenecer. Del mismo modo, se informará de antemano los horarios, los turnos, los motivos por los que se pueden modificar, los días de vacaciones y el sistema para fijarlas o elegirlas.
Se comunicarán los convenios colectivos que se aplican, los planes de igualdad entre hombres y mujeres, y se informará de las políticas de conciliación laboral y familiar, en el caso de que las haya.
La Comisión indica en su denuncia que envió el 21 de septiembre de 2022 a España un escrito de requerimiento para saber por qué no había transpuesto la Directiva. Entonces, el país contestó dos meses después que estaba pendiente de los trámites finales por parte del Gobierno. Sin embargo, Bruselas dio un ultimátum a nuestro país el 1 de junio de 2023 para que pusiera en marcha la norma. El Ejecutivo admitió en una carta del 18 de julio de 2023 que no había transpuesto la Directiva «debido a las elecciones al Parlamento», que se celebraron el 23 de julio de ese año.
La UE concluye en su denuncia que «España ha incumplido la obligación» de aprobar la norma «a más tardar el 1 de agosto de 2022». Asimismo, exige al TJUE que, en el caso de que dicte sentencia y el país siga sin aprobar estas medidas, imponga otra sanción al Estado de 266.772 euros desde el día del fallo hasta que ponga en marcha la Directiva.
El Ministerio de Trabajo ya ha pisado el acelerador para sacar adelante la norma europea y publicó el pasado 20 de marzo el borrador del Real Decreto relativo a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, para que las partes interesadas pudieran presentar alegaciones al texto hasta el 30 de marzo. Al ser un Real Decreto, sin rango de ley, el Ejecutivo podrá aprobarlo de inmediato sin necesidad de que pase por el Congreso para su votación.
