Además, los auditores han reprochado que no se haya determinado hasta casi la mitad de vigencia de este mecanismo el montante de los fondos que será inmovilizado o reducido si un país no cumple plenamente un objetivo o hito. Bruselas publicó el detalle de este procedimiento de suspensión de pagos el pasado 21 de febrero, cuya metodología prevé sanciones aplicables al montante que corresponde a cada hito y objetivo relacionado con la entrada en vigor de una reforma o un “paso final”, aunque en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del tramo.
No obstante, esto no es suficiente para los auditores, que han criticado que la Comisión no haya establecido normas sobre qué hacer si se produce un retroceso en una medida financiada, lo que hace más probable que los hitos y objetivos que se hayan revertido pasen “desapercibidos”.
Asimismo, aunque el informe destaca que la Comisión ha creado un sistema de control en un plazo “relativamente corto” para el principal fondo de recuperación de la UE tras la pandemia, dotado con 724.000 millones de euros, el Tribunal de Cuentas asegura haber hallado “lagunas de fiabilidad y rendición de cuentas” en la protección de los intereses financieros de la UE. Los Estados miembros están obligados a comprobar que los proyectos de inversión financiados por el mecanismo cumplen las normas nacionales y de la UE, pero Bruselas dispone de escasa información verificada propia sobre esos controles y desconoce si los están llevando a cabo y de qué manera. Así, los auditores señalan que sin garantías de que se cumplan estas normas, existe una falta de rendición de cuentas a escala de la UE.
Por su parte, fuentes de la Comisión han manifestado su “total desacuerdo” con la conclusión del Tribunal de que existe una “laguna de garantía y rendición de cuentas a nivel de la UE” y recuerdan que el reglamento de los fondos prevé un marco de control que garantiza que los fondos de la UE no se malgasten. En este sentido, las mismas fuentes destacan que la garantía y la responsabilidad están “claramente establecidas”, por lo que, a su juicio, “no hay lagunas”, y recuerdan que hasta la fecha se han realizado 19 auditorías para confirmar que los sistemas de control de los Estados miembro están “a la altura de las circunstancias”, algo que lamentan que no se refleje en el informe porque este sólo examinó la información disponible hasta abril de 2022.
El pedido del Tribunal llega después de que Bruselas aplicará a comienzos de marzo por vez primera la suspensión de parte de un pago a un Estado miembro. Lituania corre el riesgo de perder parte de los 565 millones de euros que solicitó a la Comisión en diciembre del año pasado -más de un cuarto de los 2.000 millones que el país puede recibir como parte del PRR- por el incumplimiento de dos de los 33 objetivos establecidos en el plan lituano.
Unos días antes, una comitiva de 10 eurodiputados había visitado Madrid para analizar la marcha de la ejecución de los fondos europeos en España. El veredicto, según ha explicado este miércoles la presidenta del grupo, la popular alemana Monika Hohlmeier, es satisfactorio. Los europarlamentarios han verificado sobre el terreno que el sistema informático que ha desarrollado España para analizar y auditar la ejecución de las inversiones, una herramienta recogida en el hito 173 del plan y cuya implementación se había retrasado, está finalmente operativo.
