Así lo explican fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, presentes en el interrogatorio de Torres –que se ha extendido por más de tres horas–, y añaden que él ha sostenido que tuvo conocimiento del problema en junio o julio de 2018.
Cabe recordar que en esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT –empresa de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
El juez, tras la petición de Fiscalía, decidió citar a Torres con el objetivo de conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar «la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal» –del banco–.
Y este lunes, el presidente ha indicado que si bien cuando estalla el caso lo llevó el departamento de auditoría interna, desde enero de 2019 todo quedó en manos de investigadores independientes externos, los despachos Garrigues y Uría y la consultora PwC –que fue la encargada de realizar el ‘forensic’ sobre la actuación del banco en el caso–.
Al hilo, ha aseverado que de hecho son estos investigadores, y nadie del banco, quien decide dejar su nombre fuera de la lista de personas a las que investigar internamente, a pesar de que en un inicio sí que estaba en la lista de palabras claves –‘custodios’–.
Así, ha indicado que en enero de 2019, cuando el asunto pasa a manos externas, la entidad ya no tomaba decisiones, y son los investigadores quienes decidían, por lo que los datos de sus dispositivos nunca se han aportado a la causa.
Estas mismas fuentes apuntan que desde un inicio del interrogatorio se ha querido dejar claro que Torres declaraba este lunes pero no como presidente sino como testigo de los hechos y, si bien ha sido preguntado por asuntos que se remontaban a 2008, a muchas de las preguntas no ha podido responder dado que no recordaba o no sabía. De hecho, ha enfatizado que no supo nada de las contrataciones con CENYT hasta que salió por la prensa.
La declaración de Torres fue acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, después de que la directora global jurídica de la entidad, María Jesús Arribas de Paz, se acogiera en julio a su derecho a no declarar a la Fiscalía amparándose en su condición de abogada y en su obligación de guardar secreto profesional.
Señalaba el magistrado en su auto que dado que consta que la entidad aportó las actas del Comité de Assurance Corporative del BBVA –órgano designado responsable de mirar la responsabilidad penal de la persona jurídica– «resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres», presidente de ese comité y también presidente de la entidad, en calidad de testigo.
Ese comité era al que se reportaba sobre la investigación interna por el caso Villarejo, y este lunes Torres ha indicado que efectivamente en octubre de 2018 se celebró una reunión de ese comité para tratar el asunto. En esa reunión quien presentó resultados en un ‘excel’ fueron Arribas y el ex jefe de control interno de BBVA Eduardo Arbizu –imputado en la causa–.
