El departamento que dirige Díaz ha alcanzado un pacto solo con los sindicatos para cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge actualmente una jornada máxima de 40 horas semanales. El acuerdo incluye también la digitalización completa del registro horario, un endurecimiento de las sanciones para las empresas que incurran en incumplimientos graves en cuestiones como el descanso, la jornada máxima o las vacaciones y el derecho a la desconexión digital. Todos estos puntos han formado parte de la negociación con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo los puso sobre la mesa hace ya meses.
Pese al acuerdo alcanzado con los sindicatos, la reducción de jornada está todavía lejos de ser una realidad. Y tampoco está claro que si finalmente sucede se vaya a plasmar en los términos que han acordado Trabajo, UGT y CCOO. El texto se enfrentará a partir de ahora a un incierto trámite parlamentario en el que necesita el visto bueno de los seis socios de investidura del Gobierno.
Es decir, por mucho que se hagan la foto, el cumplimiento del acuerdo no está ni mucho menos garantizado, dado que Junts —alineado con la patronal catalana Foment del Treball— se sigue oponiendo a aceptar una reducción de jornada. El resto de formaciones políticas están a favor (incluido el PNV), pero el contenido del acuerdo puede perfectamente sufrir modificaciones a través de enmiendas en el trámite parlamentario.
Pero además, el texto tampoco tiene el visto bueno explícito del Ministerio de Economía. El departamento que dirige Cuerpo ha irrumpido esta semana en el debate sobre la reducción de jornada pidiendo calma, acompañamiento a las empresas, medidas personalizadas para pymes y enfriando los plazos que se ha fijado la vicepresidenta. Al igual que en los tiempos de Calviño, los dos departamentos han vuelto a chocar, como ya sucediera con la reforma laboral, el salario mínimo o la reforma de los subsidios. El jueves, Díaz fue muy dura con su homólogo en Economía al que acusó de estar incumpliendo el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, de alinearse con los intereses de la patronal y consideró «muy grave» la intromisión de Economía en el debate.
