Por otra parte, sostiene que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil confunde al director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, con otra persona que comparte nombre y primer apellido con él, pero no segundo apellido, ya que la UCO habla en su documento de «Manuel García Maroto».
La UCO indica que la trama de Víctor de Aldama logró infiltrarse no sólo en el Ministerio de Transportes sino también en los de Industria y Transición Ecológica para obtener la licencia de operador mayorista de hidrocarburos para la empresa Villafuel. En un informe entregado al Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional señala que la investigación ha revelado «indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal» en estos departamentos ministeriales.
El informe policial, fechado el 3 de diciembre de 2025, al que tuvo acceso Servimedia, expone que esta infiltración afectó específicamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma); al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur); y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). La Benemérita establece que para obtener la autorización como operador mayorista en el sector de hidrocarburos era imprescindible la «necesaria coordinación entre distintos ministerios y organismos competentes» para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa.
Sin embargo, fuentes del Miteco niegan cualquier trato de favor, aseguran que el expediente se tramitó en base a «una gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos» del ministerio y apuntan que el supuesto contacto de Aldama con el ministerio, con quien habría contactado y que cita la UCO, se basa en un error, ya que confunde al director general con otra persona. «Manuel García Hernández, director de Política Energética y Minas, nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Víctor de Aldama», afirman desde el ministerio, y añaden que, de acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación, el informe de la UCO «indica que Aldama remitió varios mensajes en marzo de 2021 a otra persona que comparte nombre y primer apellido con el alto cargo del Miteco, pero no segundo apellido, Manuel García Maroto».
Asimismo, reiteran que el ministerio siempre ha trabajado con la máxima diligencia en la comprobación de los requisitos que deben cumplir las empresas y que nunca ha otorgado trato de favor a ninguna compañía en la tramitación de sus expedientes. En concreto, sobre el expediente de Villafuel, las mismas fuentes relatan que tardó en resolverse casi tres veces más que la media, desde enero de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2022, fecha en que pudo finalmente operar, aproximadamente 600 días, cuando la media de los últimos cinco años es de 230 días.
Añaden que la larga tramitación de este expediente se debió a que el Miteco realizó sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos, en dos procedimientos. En el primero de ellos, el ministerio inadmitió la solitud de Villafuel el 9 de diciembre de 2021; la empresa presentó recurso de reposición, que se rechazó, y el expediente se cerró.
Según el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen, Villafuel inició un segundo procedimiento en julio de 2022, volviendo a presentar su solicitud, y esta vez sí acreditó los requisitos técnicos y financieros exigidos por la normativa, de modo que empezó a operar el 15 de septiembre de 2022.
«La duración total expediente, las sucesivas solicitudes de información, el hecho de que la denegación inicial fuera recurrida sin éxito, y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones sectoriales, son pruebas de que no solo no hubo trato de favor hacia la sociedad, sino de que hubo una gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos del Miteco», insisten desde el ministerio.
