Estos datos han sido facilitados por ADIF a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado tras una solicitud de información pública. En esta documentación, recogida por Servimedia, se explica que entre 2014 y mayo de 2025 se produjeron un total de 4.474 «incidencias» de «sustracciones de conductores eléctricos ADIF y ADIF AV (periodo 2014-2025)».
En estos años, las cifras de robos fueron «especialmente elevadas hasta el año 2018», con los picos más altos registrados en 2014, con 1.072 incidentes, y en 2015, con 860 casos de sustracción de material eléctrico ferroviario. Los datos muestran una evolución descendente desde 2016, cuando se contabilizaron 280 incidentes, seguido de 275 en 2017 y 206 en 2018. La tendencia a la baja continuó en 2019, con 149 casos registrados, alcanzando el mínimo histórico en 2020, con apenas 121 sustracciones. La entidad pública atribuye el descenso significativo durante 2020 a las «restricciones de movilidad» impuestas durante el periodo de pandemia, que limitaron considerablemente el acceso a las infraestructuras ferroviarias y redujeron drásticamente la actividad delictiva en este ámbito específico.
Desde 2021 se observa un «repunte» en los incidentes, con 279 casos registrados ese año, seguido de 391 en 2022, 362 en 2023 y 345 en 2024. Los datos de 2025, actualizados hasta la fecha de la respuesta oficial, contabilizan 134 sustracciones de conductores eléctricos. ADIF subraya que, pese al incremento posterior a la pandemia, «los valores actuales aún se sitúan muy por debajo de los registrados entre 2014 y 2018», cuando se concentraron los mayores volúmenes de actividad delictiva contra la infraestructura eléctrica ferroviaria.
La respuesta oficial se enmarca en una solicitud más amplia de información sobre «todos los robos de material o daños a la infraestructura ferroviaria en los últimos cinco años», que fue parcialmente inadmitida por la entidad por no disponer de «un listado detallado» de todos los tipos de incidentes.
ADIF justificó la inadmisión parcial argumentando que la información solicitada «no se encuentra disponible en los sistemas documentales activos de esta entidad, ya que su elaboración no está prevista legal ni reglamentariamente» y que su creación requeriría una «actividad de reelaboración». La entidad gestiona un entramado ferroviario de «11.671 km de Red Ferroviaria de Interés General, 1.451 estaciones operativas de viajeros y 38 terminales de mercancías», con una media diaria de aproximadamente «5.400 circulaciones de trenes», lo que evidencia la magnitud de la infraestructura susceptible de sufrir este tipo de delitos.
ADIF invocó también motivos de seguridad para limitar el acceso a información más detallada, argumentando que la «infraestructura ferroviaria constituye una infraestructura esencial» y que divulgar datos pormenorizados «podría facilitar la comisión de actos ilícitos al permitir identificar con precisión las zonas más recurrentemente afectadas». La respuesta oficial remitió parte de la solicitud a Renfe Operadora para su gestión, especialmente en lo referente al «número de viajeros afectados», información que «no obra en poder de la entidad», ya que «su recopilación y gestión corresponde a los operadores ferroviarios». Los robos de conductores eléctricos representan uno de los principales problemas de seguridad en la red ferroviaria española, afectando tanto a la continuidad del servicio como generando importantes costes de reparación y mantenimiento para el administrador de infraestructuras.
La documentación oficial advierte de que estos delitos comprometen «gravemente la integridad, disponibilidad y continuidad operativa de una infraestructura estratégica», minorando «considerablemente la eficacia de los sistemas de protección frente a amenazas internas y externas» del sistema ferroviario nacional.
