Un mandato judicial que no solo afecta a los Mossos d´Esquadra, recuerdan fuentes del alto tribunal, sino también a la Policía y la Guardia Civil. Y es que la orden de busca y captura -que Llarena ha mantenido en vigor tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía al excluir la malversación que se le imputa del ámbito de aplicación de la medida de gracia- es un mandato directo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. «Los Mossos saben que tienen la orden de detenerle», apuntan las citadas fuentes, que señalan que Llarena lo dejó muy claro en la resolución en la que acordaba no aplicar la Ley de Amnistía al expresidente de la Generalitat, salvo en lo que hace referencia al delito de desobediencia (por el que también fue procesado después de la derogación del delito de sedición). Dado que esa orden sigue vigente, insisten, las Fuerzas de Seguridad «tienen la obligación de detenerle y ponerle a disposición judicial».
Es precisamente ese mandato conjunto, precisan, el que hace innecesario que el magistrado se vea obligado -si los Mossos no llevan a cabo ese arresto- a ordenar a Policía o Guardia Civil que procedan a la detención del líder de Junts. Ambos cuerpos policiales, subrayan, están igualmente obligados a detenerlo si tienen conocimiento de su paradero.
Si la detención del expresident se produce finalmente, está por ver si su abogado, Gonzalo Boye, que se encuentra en el Parlament, planteará un «habeas corpus» para intentar frenar lo que considera una detención ilegal. Un procedimiento que dejaría en manos del juez de guardia de los juzgados de Barcelona la decisión sobre ese arresto, resolución que debe dictar en el plazo máximo de 24 horas desde que acuerde, si es el caso, tramitar esa petición. Tras escuchar a la Fiscalía y a la defensa de Puigdemont, y practicar en su caso la prueba propuesta, tiene que decidir si ordena su libertad o le pone a disposición judicial.
