Se trata del informe que el Instituto Armado presentó ante el alto tribunal tras analizar el contenido del teléfono móvil incautado a la otra imputada en la causa, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre por orden del magistrado Hurtado.
El instructor citó a los peritos después de que así se lo ordenara la Sala de Apelación al estimar parcialmente un recurso del fiscal general donde reclamaba una serie de diligencias, incluida la declaración del propio González Amador, que los magistrados también respaldaron y que está fijada para el próximo 23 de mayo.
García Ortiz pidió que los agentes que elaboraron ese informe comparecieran para ratificar o no su contenido y hacer las aclaraciones oportunas a petición de las partes, especialmente las defensas. Hurtado lo rechazó «porque, si de una ratificación se trata, nada aporta ello al propio informe» y, «en lo que a la aclaración concierne, es cuestión que corresponde, llegado el caso, en el acto del juicio oral».
Sin embargo, la Sala de Apelación recordó que la ley «permite al juez de oficio, o mediante la reclamación de los defensores de las partes, como es el caso, pedir a los peritos las aclaraciones necesarias», tanto en la fase de instrucción como en el juicio, por lo que admitió la diligencia, tras lo cual Hurtado puso fecha.
Cabe recordar que este informe resulta fundamental en la investigación que el Supremo dirige contra los dos fiscales por la presunta revelación de secretos cometida contra González Amador en tres hechos: por un lado, la supuesta filtración a la prensa de que estaba siendo investigado por delitos fiscales; y, por otro, el ‘email’ del 2 de febrero de 2024 donde la defensa del empresario se ofrecía a reconocerlos para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.
Hurtado también investiga la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 dando cuenta del cruce de correos electrónicos entre la defensa y Salto para desmentir lo que el Ministerio Público consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 por ‘El Mundo’ donde se decía que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador.
El informe en cuestión realiza un relato cronológico de «todas las comunicaciones» de Rodríguez con «otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados» tras haberse ceñido al plazo fijado por el instructor, que va del 8 al 14 de marzo de 2024.
La UCO concluyó que «desde las 21:59, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas» que tienen acceso a «todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa» y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un «comunicado», sino del «periodo temporal aproximado en el que éste se publicará».
En concreto, los agentes incidieron en que «estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en ésta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos».
Al hilo, apuntaron que «la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario ‘El Mundo'». Asimismo, aseguraron que «quien filtra la información tiene conocimiento en el momento de realizarla de que, a pesar de que la nota está siendo elaborado por la Fiscalía General, el cauce a través del cual se hará pública será la Fiscalía de Madrid». De los mensajes también se evidencia que aquella noche Rodríguez preguntó a García Ortiz a qué correo enviaba los ‘emails’ cruzados entre Salto y la defensa de González Amador. El fiscal general le dio una cuenta de Gmail, a la que ésta se los remitió cuando, a su vez, los recibió del propio Salto.
Además de hacer referencia a la nota informativa del 14 de marzo y a la filtración de los correos electrónicos que mencionaba, los agentes incluyeron en su informe la filtración a la prensa de la denuncia presentada por el Ministerio Público contra González Amador por delitos fiscales.
La UCO señaló a la Fiscalía como responsable de dicha filtración y subrayó que la noticia sobre dicha denuncia se publicó en prensa el 12 de marzo, «es decir, tan solo cuatro días después» de que la Fiscalía General del Estado la recibiera «de manera completa» desde la Fiscalía Provincial de Madrid.
Este informe cobró mayor importancia después de que el Supremo constatara que no podría conocer el contenido del teléfono móvil del fiscal general porque, según le informó la UCO, García Ortiz los borró, eliminando igualmente la cuenta de Gmail. El juez intentó recuperar esa información a través de WhatsApp y Google, pero ambas tecnológicas le remitieron datos sin interés para el caso.
