La sentencia considera acreditado que «la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor».
Una conducta que el fallo del Alto Tribunal considera que «se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito».
Así las cosas, la sentencia dictada por la Sala Tercera del Supremo ha acordado retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del Fiscal General del Estado, «a fin de que se realice otra nueva, teniendo en cuenta cuanto queda dicho sobre la finalidad de la potestad de resolver convocatorias» para las plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.
Tras la decisión del Alto Tribunal, quedará anulado el Real Decreto publicado el 4 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se concedió a Delgado la plaza de fiscal jefe de sala de la Fiscalía Togada del Supremo y habrá que retroceder las actuaciones hasta el momento del debate plenario de las candidaturas planteadas para el puesto.
Delgado ascendió a la máxima categoría del Ministerio Fiscal días antes, el 22 de septiembre de ese año, por decisión del fiscal general del Estado, García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó precisamente a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Así las cosas, mientras Rueda obtuvo el apoyo de los seis vocales electos de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Delgado tan sólo recibió el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista (UPF) así como de los dos vocales natos que ella misma nombró: la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz.
No es, sin embargo, el único nombramiento polémico en el que se ha visto envuelta Dolores Delgado quien tras dimitir, como fiscal general, regresó provisionalmente a la espera de la convocatoria de la plaza que tenía como objetivo final que, tal y como avanzó El Debate en exclusiva, era la de Memoria Democrática. Un puesto de nueva creación, contemplado en la ley correspondiente en la que ella misma participó siendo Ministra de Justicia y que fue concebida a su medida por el Gobierno Sánchez.
Unos meses antes, el PSOE maniobraba para garantizar el ansiado ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala, requisito imprescindible para poder presentar su candidatura a Memoria Democrática. Y lo hacía incluyendo una enmienda, por la puerta de atrás, en la Ley Concursal que habría supuesto que Delgado y sus sucesores al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueran promovidos a la máxima categoría del escalafón una vez terminado su mandato de manera automática. Fue tal el escándalo que provocó el intento que los socialistas se vieron obligados a retirarla.
Luego, la opción intermedia que encontró su amigo y mano derecha durante su etapa en la Fiscalía General del Estado (FGE), García Ortiz, tras sucederla en el cargo, fue incurrir en una dudosa designación para la Sala Quinta del Supremo que, finalmente, el propio Tribunal ha revocado. Ya en el pasado mes de julio la Sala rechazó, como paso previo, la petición interesada por la propia Delgado para archivar el recurso de Rueda. Los magistrados entendieron entonces que no era lo mismo anular el ascenso y devolver el proceso al momento de la elección del candidato del fiscal general, tal y como ha ocurrido, que abrir una nueva convocatoria desde cero.
La fiscal alegó que, ahora que ella ha sido designada fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, él podía volver a optar a la plaza de la Fiscalía Togada.
La plaza que ocupa, precisamente, en Memoria Democrática se encuentra también impugnada en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en este caso por la Asociación de Fiscales (AF) y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ambas con representación en el Consejo Fiscal que se opuso, abierta y mayoritariamente a su elección. Ambas entidades coincidieron en destacar, en el momento de interponer sus respectivos recursos que, serán acumulados y resueltos de manera simultánea, que su designación afectó gravemente al «principio de imparcialidad» exigible a todos los miembros de la Fiscalía. No sólo por la presunta incompatibilidad de las funciones del puesto con los intereses profesionales del despacho de abogados del que es titular la actual pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón; sino, también, por el hecho de que se trata de una vacante creada a su medida y contemplada por una ley de la que ella misma fue impulsora.
