El Tribunal Supremo ha incoado ya diligencias previas en la causa abierta contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Requiere a Álvaro García Ortiz para que al no constar «representación alguna» designe con un margen máximo de cinco días tanto un abogado como un procurador asuma su defensa legal, a fin de evitar su indefensión.
En el procedimiento se investiga si difundió públicamente datos reservados y privados del empresario Alberto González Amador sobre una negociación que su defensa estaba llevando a cabo con la propia Fiscalía de cara a lograr un acuerdo de conformidad en un caso de fraude fiscal.
En el caso de la otra investigada, la fiscal superior de Madrid, Rodríguez Fernández, el Supremo confirma, a diferencia de García Ortiz, que «está representada por la Abogacía del Estado»
El magistrado de la Sala Penal Hurtado da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, el sindicato Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que en el plazo común de cinco días se pronuncien sobre su posible agrupamiento en una acusación popular unificada.
