En declaraciones el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado que el Gobierno regional ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Reglamento que desarrolla el Real Decreto «por el que se establece el mal llamado reparto de los menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas».
Para el Ejecutivo madrileño, el reparto es «totalmente injusto, insolidario, atenta contra las competencias de las comunidades autónomas -en concreto contra la competencia autonómica de protección de la infancia y del menor- y es un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas». En concreto, los servicios jurídicos de la Administración regional han recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, que regula la reubicación de estos menores en situaciones de presión migratoria, al considerar que «vulnera competencias autonómicas», según fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local según EFE.
Este texto desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo ya impugnado ante el Tribunal Constitucional por once comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, «por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por falta de justificación de urgencia y por utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas».
En paralelo, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno de España, a través de diversas vías, la remisión urgente de la información utilizada para elaborar «el reparto forzoso» de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo «arbitrario, opaco y discriminatorio, y diseñado para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central». Se han dirigido requerimientos a la Secretaría de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, al Ministerio de Juventud e Infancia y al Ministerio del Interior.
Entre la información solicitada, destacan los datos actualizados del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) por comunidad autónoma desde 2023; los indicadores utilizados por el Gobierno para el cálculo del reparto; la fórmula de ponderación aplicada a cada uno de los criterios del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000; y el motivo técnico-jurídico por el cual se asignan 647 menores a Madrid y ninguno a Cataluña o País Vasco. También se ha solicitado acceso a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y todos los informes jurídicos, técnicos y presupuestarios emitidos durante la tramitación del Real Decreto 658/2025.
En su día la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley que establecía el reparto de los menores no acompañados que han entrado en el país a través de la ruta canaria, y ahora presenta un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Reglamento que desarrolla esa ley, ha explicado García Martín
