Para ello, alegó dos razones: «por no ser habitual», dado que el testimonio del querellante «viene a resultar perjudicial para el acusado»; y «porque su posición ya viene prefijada en la querella» y por la actuación de su abogado a lo largo de las pesquisas.
Bajo ese prisma, Hurtado entendió que la testifical de González Amador supondría únicamente «una dilación para la declaración de los investigados», que finalmente comparecieron el pasado enero.
Tanto García Ortiz como Rodríguez recurrieron y la Sala de Apelación del TS les dio la razón, ordenando a Hurtado que tomara declaración a González Amador. «Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante», dijeron los magistrados.
A su juicio, el testimonio del querellante puede ser útil para «averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos», unos contornos que han ido fluctuando desde que comenzaran las pesquisas.
Las investigaciones comenzaron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) centradas en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto. Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos pero descartando la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses transcurridos desde que el TS encausara a García Ortiz, el pasado 16 de octubre, los hechos investigados se han ido ampliando hasta abarcar otra vez el citado comunicado y las presuntas filtraciones de las propias pesquisas contra González Amador y del correo electrónico que su defensa envió a Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
García Ortiz defendió desde el principio que aquella nota de prensa era necesaria para desmentir lo que consideraba un «bulo», en alusión a la información publicada por ‘El Mundo’ a las 21:29 del 13 de marzo de 2024 donde se decía que fue el fiscal quien ofreció pactar.
Según parece serán de las últimas diligencias, después de que WhatsApp y Google respondieran al requerimiento de Hurtado con información sin interés para el caso. El magistrado confiaba en recuperar los mensajes borrados por García Ortiz.
