Nuevo litigio originado por el veto del Gobierno a la oferta pública de adquisición que el consorcio húngaro Magyar Vagon (Ganz-Mavag Europe Private) lanzó sobre Talgo. Hasta la fecha, la disputa en los tribunales se ha circunscrito al acceso a la documentación en la que Moncloa se respaldó para frenar la ofensiva magiar. Cuando se cumplen casi veinte meses del Consejo de Ministros que denegó la operación, las reclamaciones siguen goteando en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados impidieron el pasado mes al Ejecutivo blindar los papeles reservados del rechazo a la opa.
Ahora, con la renovación accionarial consumada en Talgo de la mano de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el consorcio vasco dirigido por Jainaga, los antiguos dueños del fabricante de trenes han pasado a la acción para reclamar el perjuicio que supuso el fracaso de su plan A: la venta total del constructor ferroviario a Budapest. Así lo constata un auto del 10 de marzo en el que el Alto Tribunal deniega el acceso de Pegaso, la sociedad que canalizaba las participaciones del fondo Trilantic y Torreal, brazo inversor de Abelló y distintos miembros de la familia fundadora Oriol, a la documentación correspondiente a la intervención del Centro Nacional de Inteligencia en la operación.
En la resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declara de carácter reservado la demanda presentada en este proceso por los anteriores dueños de Talgo, que sólo podrá ser conocida por las partes demandadas. Cumple así la solicitud de Pegaso tras alegar que «en el escrito de demanda se hacen referencias a cuestiones que forman parte del expediente considerado como reservado».
Cabe precisar que el Supremo ya concedió a Pegaso y al consorcio húngaro el acceso a documentación reservada bajo determinadas cautelas y garantía, con la excepción de los papeles del CNI. También que el Gobierno recurrió esta decisión, sin éxito, al considerar que el acceso a los documentos no debía extenderse a Ganz-Mavag, ya que la empresa mantiene otro procedimiento judicial en el que impugna precisamente la declaración de reserva de esos mismos documentos.
El conflicto judicial se remonta al acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de agosto de 2024, por el que el Gobierno rechazó autorizar la entrada de capital extranjero en Talgo por parte del ‘holding’ húngaro. Ante esta situación, el consorcio de Pegaso recurrió a la justicia para exigir el acceso de los documentos que justificaron el veto bajo la premisa de «seguridad nacional».
La oferta húngara que es objeto de esta disputa ascendía a 5 euros por acción que valoraban el 100% del fabricante de trenes en torno a 619 millones de euros y contaba con el visto bueno de Pegaso, pero el Gobierno enfrió las expectativas del consorcio -dueño entonces del 29,76% del capital- de vender sus acciones a un precio superior a los 4,25 euros por título que finalmente acordó con el Gobierno vasco con las fundaciones vascas BBK y Vital y el fondo público Finkatuz y el escaparte empresarial de la sociedad Clerbil, de José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor.
