En concreto, el TSJ ha denegado la solicitud de medidas cautelares que había solicitado por la empresa para paralizar la sanción que el Ministerio impuso en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo de viviendas. En su día, Consumo identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb. El Ministerio consiguió que fueran retirados de su plataforma en julio de 2025.
Las infracciones identificadas por el Gobierno fueron publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, publicar anuncios de alojamientos turísticos indicando un número de licencia o registro que no se correspondía con la numeración utilizada por los registros, o publicar anuncios sin información veraz «sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa», dice el Ministerio de Consumo.
Solo por estos motivos, se impuso una multa de 63,98 millones de euros, es decir, «seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios», según informó la cartera que dirige Bustinduy. Además, la empresa incumplió otras infracciones menores como incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia; obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección o incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales. El importe de estas sanciones completa el montante final de 64.055.311 euros.
Airbnb presentó un recurso y la justicia suspendió temporalmente la obligación de hacer frente al pago de la multa. Ahora, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza su solicitud de medidas cautelares, por las que pedía la suspensión del pago de la multa hasta que dictara sentencia.
