Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha descartado que tenga responsabilidad penal, ni por no actuar, es decir, por omisión, ni por haber participado activamente en los hechos investigados y por tanto, ya no se le considera sospechoso, sino alguien que puede aportar información, la magistrada ha decidió llamarle como testigo.
La magistrada señala que, tras la decisión del Tribunal Superior, no tiene sentido investigarlo penalmente en el futuro, ya que no hay indicios de delito. Sin embargo, esto no impide que declare como testigo para ayudar a aclarar lo ocurrido, especialmente en relación con la gestión de la emergencia del 29 de octubre. Su declaración se realizará cuando la decisión del tribunal sea firme, y también se le pedirá que entregue voluntariamente sus comunicaciones de ese día.
Además, el auto incluye otras medidas: se citará también como testigo a Ruth Merino, portavoz del Consell el día de la DANA y se pedirá a varios alcaldes que aporten sus registros de llamadas y mensajes relacionados con la emergencia. Finalmente, la jueza ha solicitado nuevas aclaraciones a un responsable de Emergencias y una prueba caligráfica a una exconsellera, Salomé Pradas, para verificar un documento manuscrito aportado por el Subdirector de Emergencias.
