La proposición, denegada con 171 votos en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria), 170 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 4 abstenciones (Podemos), ha sido defendida por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha llamado a una posición de «consenso» y «diálogo» respecto al trasvase Tajo-Segura que afronte el agua como una «cuestión de Estado» por medio de un Pacto Nacional del Agua.
El Gobierno ya aprobó en enero de 2023 una revisión del plan hidrológico del Tajo que consuma el recorte de agua que se trasvasa al Segura porque fija por primera vez caudales ecológicos en el río más largo de la península Ibérica. Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica expuso a finales de abril la reducción progresiva de los volúmenes de agua transferidos desde la cabecera del Tajo al Levante, con un recorte de hasta el 40 % para 2027.
Esta medida ha provocado polémica en las comunidades afectadas y mientras que en Castilla-La Mancha se ha recibido como «positivo», los Gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía y los regantes se han mostrado en contra. López Miras ha instado a que se afronte el agua y su gestión como una «cuestión de Estado que requiere de diálogo y de grandes acuerdos».
«Cualquier decisión sobre algo tan importante para el suministro de un recurso básico para tantos españoles requeriría del diálogo en primera instancia y del consenso necesario en última para propiciar, al menos un acuerdo como el que se consiguió en 2013», ha expresado el presidente murciano. «Este es el lugar adecuado para pedirles que no se alejen de los acuerdos existentes mientras no consigamos uno mayor», ha declarado ante las Cortes Generales. Por ello, López Miras ha rechazado la toma de «decisiones unilaterales» en torno a este suministro básico, y ha propuesto un Pacto Nacional del Agua que «garantice su acceso a todos los españoles».
