Bruselas tenía hasta el 21 de marzo para evaluar los 84 compromisos que forman parte de este desembolso, que asciende a 23.900 millones entre ayudas y préstamos, pero la institución ha aceptado una petición de prórroga que las autoridades españolas solicitaron el pasado 3 de marzo, según han confirmado a Efe fuentes comunitarias.
«Confirmamos que España solicitó una prórroga que fue concedida hasta el 11 de abril», señalan, para después añadir que la petición se hizo el pasado 3 de marzo y que el impuesto al diésel «está siendo analizado junto con otros hitos y objetivos que pertenecen a la quinta solicitud de pago».
Este desembolso depende de un total de 84 hitos y objetivos, de los cuales 55 de ellos fueron adelantados porque estaban previstos en futuros desembolsos y ascendería a 8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos.
Pero uno de los compromisos que condiciona parte de las ayudas directas es la reforma para elevar el impuesto al diésel, una medida que solo apoyará Podemos si se saca adelante también un gravamen permanente sobre las compañías energéticas, que ha decaído en el Congreso por el rechazo de Junts y PNV.
Preguntada por esta cuestión, la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Aagesen, apuntó que el Gobierno trabaja en «dos escenarios»; uno con la Comisión con «negociaciones constantes» y «diálogo permanente», y otro a nivel nacional con las fuerzas parlamentarias para sacar un impuesto que calificó como «importante» porque supone «igualar precios» y «apostar más por la electricidad que por los combustibles fósiles».
En concreto, este hito exige a España la adopción de reformas en «ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo».
Además, detalla que todas estas medidas deberán conducir a un aumento «permanente» de los ingresos de, «al menos», el 0,3 % del PIB, que equivale a unos 4.500 millones de euros.
En cualquier caso, el impuesto al diésel no condiciona la llegada del conjunto de los 23.900 millones que forman parte del desembolso y su incumplimiento solo supondría el descuento de una parte de esta cantidad que tendría que cifrar la Comisión Europea.
Además, en la evaluación del quinto pago a España se integra también el hito sobre digitalización de pymes que quedó pendiente del cuarto desembolso y del que dependen 138,6 millones de euros.
El sector del transporte ya ha avisado al Gobierno de las consecuencias de sacar adelante la subida del impuesto estatal al diésel para equipararlo al de la gasolina: rechazan cualquier incremento impositivo que eleve sus gastos y no descartan llevar a cabo movilizaciones inmediatas, incluso convocar paros si el Ejecutivo sigue adelante con su intención de aprobarlo por decreto ley.
El transporte calcula que la subida supondría un incremento de 10 céntimos por litro y un golpe en la línea de flotación de las empresas de transportes y de los profesionales autónomos. Un coste adicional que, según las patronales del sector, supondría unos ingresos extra para Hacienda de 2.500 millones de euros, gracias al plus pagado de más por los 25.000 millones de litros de gasóleo consumidos al año en España, la mitad de ellos correspondientes a actividades profesionales, unos 1.750 millones. El resto lo abonarán los conductores particulares.
