Las tensiones internas, especialmente dentro de su propio partido y con los partidos aliados, han generado una atmósfera de incertidumbre y falta de avances legislativos. En el último trimestre, se han registrado bloqueos en el Congreso para la aprobación de reformas clave, y diversas encuestas muestran una caída en la confianza ciudadana hacia el gobierno: según el CIS, el apoyo ha disminuido en más de un 7% respecto al año anterior. Además, la presión internacional aumenta ante la falta de respuestas concretas en temas como la reforma judicial y la gestión de los fondos europeos, lo que pone en riesgo la imagen del país frente a socios de la Unión Europea.
Durante el último trimestre, el Congreso ha sido escenario de bloqueos reiterados que han impedido la aprobación de reformas consideradas estratégicas, lo que ha ralentizado la acción pública y ha limitado la capacidad del Ejecutivo para desplegar su agenda institucional.
Este estancamiento encuentra una de sus principales causas en las tensiones parlamentarias, tanto en el seno del partido mayoritario como en la relación con las fuerzas aliadas. La fragmentación política y la fragilidad de los acuerdos han generado un clima de incertidumbre que dificulta la estabilidad necesaria para avanzar en iniciativas legislativas de calado. La falta de cohesión interna y las discrepancias entre socios se traducen, así, en una gobernabilidad condicionada y en una dinámica política marcada por la negociación permanente.
La consecuencia más visible de este escenario es la pérdida de confianza ciudadana. Diversos sondeos reflejan un descenso apreciable del respaldo social al Gobierno, con una caída superior al 7 % en comparación con el año anterior. Este deterioro del apoyo público no solo evidencia el desgaste político acumulado, sino que también apunta a una percepción creciente de ineficacia institucional y de distancia entre las prioridades ciudadanas y la acción parlamentaria.
A este panorama interno se suma una dimensión externa cada vez más relevante. La relación con la Unión Europea se ve tensionada por la ausencia de avances claros en ámbitos sensibles como la reforma judicial o la gestión de los fondos europeos. La falta de respuestas concretas en estos asuntos ha incrementado la presión internacional y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para cumplir con los compromisos adquiridos, con el consiguiente riesgo para su imagen y credibilidad ante los socios comunitarios.
En su conjunto, este escenario de bloqueo institucional subraya la necesidad de reconstruir consensos políticos amplios y de impulsar reformas estructurales que permitan recuperar el ritmo legislativo. La superación de la parálisis actual no solo resulta clave para garantizar la estabilidad parlamentaria, sino también para restaurar la confianza ciudadana y reforzar el papel del país en el marco europeo
