Así los ataques y amenazas contra la familia del Pino y su empresa Ferrovial son la clara muestra de lo que decimos. La historia económica de España no había recogido jamás una actuación como la que estamos presenciando. Primero es el jefe del Ejecutivo el que sale a la palestra a criticar a la empresa, tildándola con todo tipo de calificativos e incluso llamándola directamente, mentirosa.
Poco después son los ministros y ministras de turno los que califican a Ferrovial de insolidaria, y ladrona por enriquecerse a costa del contribuyente y después marcharse de España. El siguiente paso es un informe de la CNMV que, en teoría, desmiente las dificultades bursátiles aducidas en su informe para trasladar la sede.
A partir de ahí se suceden las criticas hasta que llega la carta del Secretario de Estado que sin darse cuenta deja caer que las afirmaciones de Ferrovial son ciertas, aunque con buena voluntad todo se puede arreglar.
Finalmente, la ministra de Hacienda blande la amenaza fiscal para evitar que el acuerdo de la junta sea el que Ferrovial ha propuesta a sus accionistas.
Evidentemente, los recursos del Estado son casi infinitos y bastante convincentes, pero ese comportamiento mafioso no parece haber quebrado los deseos de Ferrovial y sus accionistas.
Otra cosa muy distinta es que este grupo de políticos mafiosos que nos gobierna y que casi siempre se sale con la suya a base de chanchullos y chapuzas que finalmente sus jueces visten de legalidad se salga en esta ocasión con la suya y tuerza el brazo de la empresa constructora de la familia del Pino.
Otra cosa es que el precio que les hagan pagar no tenga parangón, puesto que el habitante de La Moncloa no perdona a quien le gana una sola partida.