La asociación sostiene que actúa por solidaridad «profesional y humana» ante la «injusta» resolución de la Sala de lo Penal que le impuso una inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general del Estado que venía desempeñando. «La UPF ha defendido desde el inicio —y seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales— la inocencia del Fiscal General del Estado, convencida de que su actuación fue legal y tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del Ministerio Fiscal frente a una campaña de desinformación», reza la asociación progresista de fiscales en una nota. En la misma inciden en que no pueden permanecer indiferentes ante el impacto personal y familiar que produce una sanción de estas características.
El tribunal que juzgó al ex fiscal general del Estado por la filtración en prensa en marzo de 2024 de los correos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso le condenó a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros y le impuso, además, el pago de las costas procesales del juicio y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador en concepto de responsabilidad civil.
La asociación progresista explica que la iniciativa ahora impulsada no responde a una obligación ni una «imposición corporativa», sino a un «gesto libre, individual y voluntario de solidaridad». «Se trata de una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de Derecho», indican.
Por eso inciden en que la participación en esta campaña es «absolutamente voluntaria» y se dirige contra los que quieran sumarse en apoyo al ya ex fiscal general del Estado. Sobre él dicen que actuó en condición de máximo representante de la entidad asumiendo en primera persona una responsabilidad institucional que, a su juicio, protegía al conjunto de toda la carrera. «La UPF considera legítimo y coherente que, mientras se combate jurídicamente una resolución que entendemos errónea, la institución y sus miembros no le den la espalda en el plano humano», sostienen.
Al respecto inciden en que defender a un compañero que «actuó en defensa de la institución» también es defender «la fortaleza, dignidad y cohesión del Ministerio Fiscal». Con todo, reiteran su «respeto absoluto» a las resoluciones judiciales, su «compromiso» con la independencia del Poder Judicial. Además, deslizan que tienen confianza en que los cauces legales e internacionales de protección de los derechos fundamentales (como bien podría ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), «acabarán reparando esta situación».
