La sociedad ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus objeciones a dicho informe y ha aportado información actualizada sobre el Plan de Viabilidad presentado el pasado 19 de octubre, con el que sostiene que puede atender íntegramente la deuda afectada por el concurso, sin quitas y dentro del calendario previsto.
Urbas afirma que tanto la propia compañía como el experto independiente Crowe concluyen que el plan ajustado permite cumplir con el pago del 100% de la deuda, con amortizaciones anticipadas de hasta un 10% en el primer año y otro 15% adicional en el segundo, quedando el 75% restante para el tercer año.
La compañía sostiene que la continuidad empresarial ofrece una mejor solución para los acreedores que la apertura de la fase de liquidación. Según explica, la Administración Concursal valora los activos de Urbas en 520 millones de euros en un escenario de continuidad y en 301,8 millones en caso de liquidación, frente a un pasivo reconocido de 126,9 millones. Sin embargo, Urbas cuestiona que estas cifras garanticen que los acreedores vayan a recuperar íntegramente sus créditos si finalmente se abre la fase de liquidación. La compañía argumenta que, en un escenario de venta forzosa, los activos podrían realizarse con descuentos muy significativos y con mayores costes y plazos. Para apoyar esta tesis, cita casos del sector inmobiliario en los que los activos se han vendido con fuertes rebajas sobre su valoración inicial.
Urbas advierte además de que la liquidación podría provocar un incremento sustancial del pasivo exigible, que podría alcanzar aproximadamente los 450 millones de euros, como consecuencia de los procedimientos judiciales abiertos con RS Lender y sus filiales en distintas jurisdicciones. La compañía explica que estos litigios tienen su origen en un contrato de financiación por 79 millones de euros y que RS Lender y sus filiales mantienen reclamaciones por importes muy superiores. Urbas sostiene que parte de esas reclamaciones serían duplicadas y que una eventual liquidación podría dificultar la defensa jurídica de estos procedimientos.
El informe de Crowe incorporado al plan actualizado contempla un escenario base con 214,9 millones de euros de caja disponible para atender la deuda, frente a 144,3 millones de pagos concursales, lo que dejaría un margen de 70,6 millones. Incluso en un escenario adverso, con una reducción del 10% en las desinversiones y retrasos parciales en los cobros, la caja disponible ascendería a 194 millones de euros, con un margen de 49,7 millones.
A juicio de Urbas, estas cifras muestran que la inviabilidad del convenio no ha quedado acreditada y que el plan mantiene capacidad de pago incluso bajo hipótesis más desfavorables. Urbas sostiene también que, conforme a sus propios cálculos, la propuesta de convenio habría alcanzado ya las adhesiones necesarias para su aprobación.
La compañía cifra el pasivo adherido en 54,7 millones de euros, frente a un pasivo opositor de 24,6 millones, y confía en que el órgano judicial termine aprobando la propuesta una vez completados los trámites previstos.
Urbas ha pedido además a los acreedores que todavía no se hayan adherido al convenio, o que hayan mostrado su oposición, que reconsideren su posición a la vista de la nueva documentación y de la reducción del perfil de riesgo que, según la compañía, refleja el plan actualizado.
La notificación recoge asimismo numerosas discrepancias de Urbas con el informe de la Administración Concursal. Entre ellas, la compañía rechaza que su insolvencia deba situarse en diciembre de 2021, cuestiona determinadas valoraciones de activos, niega falta de colaboración con la Administración Concursal y discrepa de las conclusiones relacionadas con la auditoría de las cuentas de 2024.
En sus conclusiones, Urbas insiste en que el convenio es la opción que mejor protege los intereses de los acreedores y de los accionistas, ya que, en su opinión, permite el pago íntegro de los créditos y preserva la continuidad empresarial, mientras que la liquidación destruiría valor y aumentaría la incertidumbre sobre la recuperación de la deuda.
