Lo ha hecho en la inauguración de un foro monográfico organizado por su departamento y celebrado un día después de que el PP anunciara su plan para facilitar el acceso a la vivienda, unas iniciativas a las que el Gobierno contrapone un modelo basado en la ampliación del parque público, el blindaje de la vivienda protegida y la lucha contra la especulación.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Rodríguez, ha anunciado este lunes que la nueva empresa pública de vivienda y suelo arrancará su actividad con la promoción de 438 viviendas en Valencia, en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros, que serán 100% asequibles. Este será el primer proyecto de esta nueva entidad, que parte de la reconversión de Sepes, Entidad Pública del Suelo adscrita al Ministerio, a la que «hemos dotado de más capacidades y que asumirá más competencias para participar en todo el proceso de desarrollo de vivienda social, de principio a fin, desde la disposición y urbanización de los suelos, la edificación, movilización o compra de las viviendas, hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles», ha explicado Rodríguez durante la apertura del foro «Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar», que clausuró el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El objetivo de esta nueva empresa estatal es que sea un «catalizador de la inversión en vivienda asequible en colaboración con todos los actores del sector, tanto públicos como privados, encargándose de todo el ciclo residencial, desde el suelo, hasta la promoción, construcción, entrega de llaves y posterior gestión de las viviendas», concreta la ministra de Vivienda.
El presidente Sánchez, ha dado a conocer durante la clausura del foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar’, doce medidas para solucionar el problema de la vivienda en España. «Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la vivienda sea un bien asequible para la clase trabajadora y sus hijos. Más vivienda, más regulación y más ayudas para el acceso a la vivienda», ha señalado el presidente del Gobierno. El paquete presentado incluye una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas bajo el Índice de Referencia de Precios sin necesidad de que estas estén en zonas tensionadas.
Además, y con el objetivo de movilizar la vivienda ya existente, ha propuesto la implantación de un sistema de garantías que protejan a propietarios e inquilinos, sobre todo a persona menores de 35 años, así como la rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a alquiler de precio asequible durante 5 años.
Sánchez también ha comunicado la creación de un nuevo Proyecto Estratégico (PERTE) de viviendas y construcción destinado a modernizar e innovar este sector. Ubicado en Valencia, ayudará a la reconstrucción del tejido económico de la dana. Por otro lado, se va a impulsar la colaboración público-privada o la ley del suelo, y habrá prioridad para que la empresa pública compre suelo y vivienda pública. En este sentido, se ha explicado que se acaba «de transferir más de 3.300 vivienda y dos millones de m2 de suelo residencial a la recién creada empresa publica de vivienda que se van a utilizar para construir miles y miles de viviendas en régimen de alquiler asequible para la gente más joven».
Así, se espera trasladar a la empresa pública de vivienda más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados, que además empezará a incorporar durante el primer semestre del año las más de 30.000 viviendas que tiene la sareb o «el banco malo».
Desde el punto de vista de la regulación, Sánchez ha indicado que las medidas están destinadas a «protegernos de los abusos» porque «sobran Airbnb y faltan viviendas». A este respecto, ha afirmado que habrá cambios en las ventajas sociales de las ‘socimis’. «Vamos a cambiar el régimen de ventajas fiscales a las socimis para que solo apliquen a las viviendas en alquiler asequible», ha dicho.
Del mismo modo habrá una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio. «Se debe equiparar al resto de actividades económicas. No es justo que los que tienen varios pisos en alquiler paguen menos impuestos que los hoteles o los trabajadores». Igualmente, se limitará la compra de viviendas por parte de extranjeros comunitarios no residentes y, en caso de compra, tendrán que pagar el 100% de su valor; y se endurecerá la regulación que persigue los alquileres de temporada.
Si no se toman medidas «la sociedad acabará dividida en 2 clases: los propietarios de varias viviendas o los trabajadores que se pasan media vida trabajando y no consiguen pagar su casa», ha concluido Sánchez.
