Según el estudio, la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, por delante de la sanidad (35%) y de la situación política (33%). El informe refleja además que cuatro de cada diez españoles se plantean comprar o alquilar una vivienda durante los próximos cinco años, aunque la mayoría considera que no puede hacerlo debido a las dificultades económicas o laborales (41%), la falta de oferta adecuada (32%) o los problemas de financiación (31%).La situación tiene también consecuencias personales y familiares. Entre quienes aseguran que no pueden cambiar de vivienda por motivos económicos, el 38% afirma sentir inseguridad sobre su estabilidad personal o familiar, el 13% ha retrasado tener hijos y el 12% ha aplazado o descartado formar una familia.
Asimismo, el estudio señala que el 65% de los jóvenes de entre 18 y 29 años necesitó ayuda para independizarse y que, en más de la mitad de los casos, esa ayuda procedió económicamente de sus familiares.
El barómetro detecta además problemas relacionados con el estado de las viviendas. El 53% de los encuestados asegura sufrir alguna deficiencia de habitabilidad en su hogar. El problema más frecuente es la presencia de frío o calor por un aislamiento insuficiente, una situación que afecta al 26% de los consultados. Le siguen los ruidos, mencionados por el 18%, y las humedades, señaladas por el 16%. Además, uno de cada cuatro ciudadanos que considera necesario realizar mejoras en su vivienda asegura que no puede asumir económicamente esas actuaciones.
En el mercado del alquiler, un tercio de los inquilinos considera difíciles los requisitos exigidos para acceder a una vivienda arrendada. Esta percepción aumenta hasta el 53% entre quienes destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. En cuanto al mercado de segunda mano, el 38% considera que la implantación de un Certificado de Garantía Técnica contribuiría a mejorar su funcionamiento y el 57% respalda prohibir la venta de viviendas que cuenten con una calificación técnica desfavorable. Respecto a las medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna, los encuestados citan como principales soluciones la ampliación del parque público de alquiler asequible (25%), la limitación de los precios del alquiler (23%), la reducción de impuestos (20%) y la liberación de suelo para construir vivienda (16%).
