«Invertir en España es maravilloso, pero hay muchos otros ámbitos en los que somos líderes y en lo que este tipo de fondos podrían invertir. En el caso de la vivienda pueden invertir en la industrialización de la construcción o invertir con un beneficio social, pero no vamos a permitir que vengan a utilizar las viviendas como bienes de mercado», ha concretado Rodríguez.
La ministra, también ha puesto el foco en la vivienda turística. «Hacen falta menos Airbnb y más vivienda». «Hay un gran consenso social en torno a la necesidad de prohibir, limitar y regular los alojamientos turísticos», ha señalado la ministra durante un desayuno informativo,
Este jueves se ha revelado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha incoado, a través de la Dirección General de Consumo, expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.
Rodríguez coincide en que se necesita «regulación» de los pisos turísticos, frente a la «desarticulación» que se produjo en la pasada década, que está «lastimando» el desarrollo de las ciudades, incrementando los precios y dificultando el acceso a la vivienda.
La titular de Vivienda ha recordado que desde el Gobierno se van a poner en marcha una serie de medidas para incentivar la inyección de nueva oferta en el mercado del alquiler premiando a los propietarios que pongan sus pisos en el mercado a precios asequibles. «En los próximos meses se creará un sistema de garantías públicas que protegerá tanto a inquilinos como a propietarios y que ya se aprobó la semana pasada en el Congreso». Asimismo, ha destacado que se apostará por ayudas en la rehabilitación de viviendas vacías para que se alquilen dentro de los rangos del Índice de Precios de Referencia, por debajo de precio de mercado. «Los propietarios que hagan esto lograrán exenciones del 100% en el IRPF, sin necesidad de que sus pisos se encuentren en zonas tensionadas».
Con estas medidas «queremos que todo el mundo pueda disfrutar de las ventajas que aporta la nueva Ley de Vivienda que por desgracia algunas regiones como la de Madrid no aplican, perjudicando a medio millón de propietarios y a más de un millón de inquilinos».
