En este sentido, Balado, profesor y director de Eurocofin, advierte que el dato es de improbable cumplimiento, ya que el crédito al sector actualmente está en el nivel más bajo desde principios de los años 1990 -un 6 % del PIB- debido a las elevadas garantías exigidas por los bancos.
En concreto, el estudio proyecta que España en 2032 tendrá 52 millones de habitantes, por lo cuál indica que España tendría que sacar al mercado entre 1,6 y 3,2 millones de viviendas en el próximo lustro.
Otro de los futuribles impedimentos que existen a la hora alcanzar el número de viviendas es la falta de seguridad jurídica, que hace que proyectos que ya de por sí se demoran entre 10 y 15 años en su desarrollo puedan llegar a alcanzar los 20 debido a una excesiva burocracia. Asimismo, el estudio indica que los plazos para la concesión de licencias llegan hasta los dos años y el promotor debe pasar por tres niveles administrativos: el municipal, el autonómico y el estatal. “La clave para solucionar dicho meollo es avanzar hacia la simplificación administrativa diseñando un procedimiento común que integre a todas las administraciones implicadas», explicó Balado quien afirmó que, de esa manera, una vez iniciada una solicitud, cada nivel administrativo irá emitiendo la información pertinente sobre su situación y estas resoluciones coordinadas «evitarían su paralización en alguna fase del proceso”
Otro de los impedimentos es la gestión del suelo urbanizable y su escasez. En concreto, el estudio estima que existen 255 millones de metros cuadrados de suelo edificable para construir al menos 1,8 millones de viviendas en los próximos 30 años en el país. Sin embargo, afirma que existen cuestiones que dificultan el desarrollo de proyectos. El principal es el precio del suelo, que ha aumentado en el segundo trimestre del año un 7,9 % de media, consolidándose como uno de los niveles más altos de la última década.
Asimismo, el estudio destaca que los impuestos en España pueden llegar a encarecer un 45 % el precio final de una vivienda. «Esta carga impositiva presenta tal complejidad y relevancia para todos los agentes involucrados, constructores, promotores, compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios que convierte en insuficientes y dispersos los últimos anuncios de los partidos», indica el informe, que también denuncia que la elevada fiscalidad, junto con la excesiva regulación y la escasa asignación de recursos a esta partida por parte del sector público están «agravando» la situación actual del mercado inmobiliario.
Además, también explica que desde que se inicia la compra de suelo para la construcción de la vivienda por parte del promotor hasta que se llega a su adquisición por parte del comprador final pueden llegarse a pagar hasta por un total de 16 figuras tributarias, en ocasiones incluso de forma reiterada en función de la operativa que se lleve a cabo. «El motivo es que la vivienda constituye un medio relevante de financiación para la administración pública.
En total, el Estado alcanzará a recaudar 52.000 millones de euros con los impuestos aplicados a este sector durante este año, en términos relativos al PIB, la recaudación total por la tributación sobre la vivienda representa aproximadamente un 3,5%», indica el estudio que señala que esta cifra contrasta con el peso del total del gasto destinado por las administraciones públicas a políticas de vivienda, que se sitúa en torno 0,5% del PIB.
«Esta disparidad pone de manifiesto el escaso protagonismo que las políticas públicas de vivienda ocupan dentro de las prioridades de gasto del sector público», lamentan los autores del estudio, que indican que España aplica el tercer tipo máximo más elevado del impuesto sobre transacciones en Europa con un 11%, solo por detrás de Bélgica (12,5%) y el Reino Unido (12%).
Además, afirman que España también está entre los países con una mayor tributación sobre las plusvalías, comparable a Suecia y solo superada por países como Dinamarca (42%), Noruega (37,8%) y los Países Bajos (36%). «Ello desincentiva la compraventa y reduce la oferta disponible, generando ineficiencias que pueden traducirse en precios más elevados para los compradores».
