Así lo reafirmó la ministra de Vivienda Rodríguez, esta semana. En los últimos meses, el Gobierno ha venido trabajando en mejorar un índice que fue lanzado en 2020 por el exministro Ábalos y que se elabora con datos tributarios, lo que permite establecer precios medios del alquiler. La última actualización se produjo en marzo de 2023, pero los precios que se proporcionan corresponden al año 2021. El objetivo del Ejecutivo era mejorar con trabajo técnico el decalaje de dos años que implicaba el uso de datos tributarios, entre otras cuestiones.
El índice estará “inspirado”, según indicó la ministra, en el que estuvo en vigor con la Ley de Vivienda catalana, que fue tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional. Fuentes de la Conselleria de Terrotori de la Generalitat catalana señalan a Servimedia que, en cuanto esté aprobado, empezará a aplicar los controles del alquiler en 140 municipios.
Cataluña es la única región que ha hecho pública su intención de declarar zonas tensionadas, paso previo para controlar los precios del alquiler. Las comunidades del PP ya avisaron de que no lo harían, mientras que Asturias, País Vasco o Navarra todavía se encuentran en una fase preliminar. Castilla-La Mancha ha hecho un análisis de zonas tensionadas, pero ha priorizado incrementar la oferta de vivienda.
La importancia de este índice radica en que se tendrán que acoger a estos precios, siempre que estén en zonas declaradas como tensionadas, los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo harán pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años, aunque pertenezcan a pequeños propietarios.
El límite a los alquileres fueron uno de los puntos más difíciles de acordar en el primer Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas siempre defendieron los incentivos fiscales a propietarios como medida para estimular la oferta en alquiler, mientras que los morados, EH Bildu y ERC apostaron por introducir controles. Esta herramienta ha sido criticada por el sector inmobiliario tras las experiencias similares en ciudades como Barcelona, Berlín o París, pero finalmente se acabó incorporando en la norma.
En el anteproyecto que salió del Ministerio se contemplaba que solamente los contratos de grandes propietarios debieran acogerse al índice de precios y, además, establecía una moratoria de 18 meses para que esta fuese efectiva. Tras la presión de sus socios, el PSOE admitió incluir también a pequeños propietarios y eliminar del texto el período de espera. Pese a la cesión, los trabajos técnicos han necesitado más de nueve meses para ultimar con éxito el índice.
Otro de los objetivos del Gobierno es que el índice que pudiese tener en cuenta diferentes características de la vivienda, como su estado de rehabilitación, las características de luminosidad o la disponibilidad de terraza. Estos elementos variarían el precio al que se tendría que someter el contrato de alquiler.
