El objetivo de la nueva entidad será gestionar todo el ciclo residencial e impulsar las políticas políticas para promover el acceso a una casa, según ha asegurado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, durante una presentación este jueves en Madrid. Los contratos de alquiler que gestionará la entidad serán de 75 años, pero 14 se revisarán para ver si se siguen cumpliendo las condiciones.
Casa 47 se encargará desde la compra de suelos, hasta la urbanización y edificación, así como al entrega de llaves y la gestión residencial. El nombre de la entidad es una referencia al artículo 47 de la Constitución que consagra el derecho de todos los españoles a acceder a una vivienda digna y a la prohibición de especular con las viviendas. Como ha indicado la ministra, Casa 47 se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y contar con las personas. Sobre el primero, la ministra ha afirmado que se busca construir con rigor y seriedad para «no repetir los errores del pasado» y planificando dónde se construirá el parque público estatal, con el objetivo de que las casas no se construyan en zonas que se puedan inundar y vuelva a suceder los acontecimientos vividos en 2024 con la DANA en Valencia.
Sobre el segundo eje, Rodríguez ha indicado que se busca construir con calidad y viviendas «dignas», como mandata el artículo 47 de la Constitución. Además, ha indicado que todo lo que se va a construir estará blindado permanentemente, para lo que el Gobierno ha introducido mecanismos legales en la nueva Entidad Estatal de Vivienda para que lo construido con dinero público sea «para siempre».
Por último, la ministra de vivienda ha asegurado que Casa 47 busca «poner a las personas en el centro dándoles tranquilidad y asequibilidad» para lo que los contratos de alquiler de vivienda gestionados por la empresa pública serán de hasta 75 años, con revisión cada 14 años para ver si se mantienen las circunstancias para estar en el alquiler asequible.
«Nadie va a destinar más del 30% de rentas a pagar el alquiler», ha expuesto la ministra, que ha indicado que como requisito económico las personas que accedan a las mismas deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del IPREM. Junto a ello, Isabel Rodríguez ha afirmado que el precio del alquiler de la vivienda no se fijará en función de lo que ha costado construirla, sino de lo que la ciudadanía puede pagar. De esta manera, en un municipio como Madrid, la renta del alquiler a pagar bajarían un 30%, y en Málaga se podrían reducir las rentas del alquiler hasta un 50%. «Esta entidad es la pieza fundamental para dar respuesta a una política compleja», ha concluido a ministra.
