El texto no fue aprobado por PSC y En Comú Podem, los otros dos partidos presentes en la comisión constituida en mayo de 2022, pero las conclusiones podrán someterse a debate en una sesión plenaria del Parlament, pero ya no serán votadas.
El desglose que hacen los independentistas son: 375.000 M€ en partidas sociales (derivados mayoritariamente del «déficit fiscal» acumulado por el reparto del sistema de financiación autonómica), 51.000 millones en inversiones no ejecutadas en infraestructuras y 30.000 millones de diferencia entre la cantidad aportada por los catalanes a la Seguridad Social y la que reciben en pensiones.
Para revertir ese «agravio», las fuerzas independentistas reclaman la cancelación de la deuda pública de la Generalitat en manos del Estado. Entre otras medidas, el texto aprobado propone condonar los préstamos pendientes de pago correspondientes al FLA, que suman casi 72.000 millones de euros. Por ahora, en virtud del pacto de investidura sellado entre el PSOE y ERC hace menos de dos semanas, el Estado perdonará a Cataluña 15.000 millones, lo que servirá también para que la Administración autonómica se ahorre 1.300 millones en el pago de intereses.
El documento insiste en la necesidad de transitar hacia un nuevo «sistema singular» de recaudación de impuestos para Cataluña «hasta conseguir la independencia». Es decir, un modelo similar al concierto vasco o el convenio navarro, por medio del cual la Agencia Tributaria de Cataluña recogería todos los ingresos tributarios de la región y pagaría un cupo en compensación a los servicios prestados por el Estado en la comunidad y una cuota en concepto de solidaridad autonómica.
Pese a que las conclusiones de las comisiones parlamentarias queden usualmente en segundo plano, en este caso cobran mayor importancia por el contexto de negociaciones entre el independentismo y el PSOE.
