En respuesta, el presidente del Gobierno ha prometido más recursos y una nueva regulación para hacer frente a la crisis de la vivienda, que le ha servido para pasar de puntillas sobre las polémicas revelaciones del ‘caso Ábalos’ que asedian a su Gobierno.
Sánchez se ha referido a la «situación compleja» que atraviesa el mercado de la vivienda, con «una oferta escasa, en muchas ocasiones de calidad deplorable» para advertir que «si no reaccionamos la sociedad española acabará dividida entre propietarios ricos e inquilinos pobres». En este contexto, el presidente ha asegurado que la vivienda es una «prioridad absoluta» de su ejecutivo, y ha prometido la puesta en marcha de un nuevo paquete de 200 millones de euros para sufragar el bono alquiler para jóvenes.
Si no reaccionamos la sociedad española acabará dividida entre propietarios ricos e inquilinos pobres» También una nueva regulación «para evitar fraudes en los contratos alojamiento turístico y de temporada». Una medida que vienen reclamando con insistencia tanto desde el Sindicato de Arrendatarios como sus socios de Sumar o ERC, que intentó regularlo en Cataluña con una ley que ha corregido el Tribunal Constitucional -tras recurso del PP- por excederse en las competencias de la Generalitat.
Sánchez ha reivindicado también que su Gobierno ha multiplicado por ocho la inversión en vivienda, hasta los 20.400 millones de euros y las regulaciones ya aprobadas para «proteger la vivienda pública de la especulación. Pero todo esto no es suficiente», ha reconocido, porque «la vivienda sigue siendo un más un drama que un derecho».
En este ámbito el presidente del Gobierno ha puesto como ejemplo las políticas aplicadas en Barcelona, donde rige desde hace año y medio la limitación a los precios del alquiler y el Ayuntamiento de Collboni ha prometido acabar con las licencias turísticas en cinco años. Sánchez se ha referido a la reducción de los precios del alquiler que avanzó hace unos días la consejera del ramo del Govern de Salvador Illa, datos que no han sido pormenorizados por la Generalitat y que ponen en cuestión los portales inmobiliarios.
Por si todo eso fuera poco, Sánchez ha reclamado a gobiernos locales y autonómicos que sigan «el ejemplo de Barcelona» y «apliquen la ley» impulsada por su Gobierno, «que ofrece herramientas a ayuntamientos y comunidades autónomas» para luchar contra la subida de precios del alquiler. Una clara alusión a los gobiernos del PP que se han negado a implementar las «zonas tensionadas» para poner topes al precio del alquiler.
En vivienda «no hay baritas mágicas, pero es una buena ley que donde se aplica funciona» ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha ensalzado también el compromiso de la Generalitat de Salvador Illa, quien ha anunciado la construcción de 50.000 viviendas protegidas. «Es la senda que tenemos que seguir todas las administraciones» ha asegurado, «ojalá todas las administraciones autonómicas y locales lo entiendan así».
