La acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír y respaldada por entidades como Manos Limpias, Iustitia y Vox, solicita un total de 24 años de prisión por cuatro delitos recogidos en el auto de procesamiento.
El procedimiento, instruido por el juez Peinado, quedó formalmente encauzado en abril de 2026, con un posterior auto de apertura de juicio oral este pasado sábado, que prevé la celebración del proceso ante un jurado popular.
Más allá de la petición concreta, el marco legal aplicable introduce matices relevantes. Según diversas fuentes jurídicas, el cálculo máximo teórico de las penas por los delitos imputados podría situarse en torno a los 16 o 17 años de prisión, en función de la calificación definitiva de los hechos y de la concurrencia de agravantes o atenuantes.
En el sistema penal español, además, la duración efectiva de las condenas puede verse reducida por distintos factores, como la acumulación de penas, beneficios penitenciarios o eventuales revisiones en instancias superiores.
Además de la pena privativa de libertad, el juez ha aceptado ya la petición de las medidas cautelares adicionales solicitadas, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial. Son medidas que se fundamentan en un presunto riesgo de fuga, pero que han generado un gran malestar en la Policía después de que el magistrado asegurara en el auto que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a huir.
No todas las acusaciones personadas en la causa , en cualquier caso, han mantenido la misma posición respecto a la pena. Algunas, como Manos Limpias, han planteado en distintos momentos peticiones inferiores. Sin embargo, la estrategia conjunta encabezada por Hazte Oír se ha consolidado como la más visible y la que impulsa la solicitud de condena más elevada.
El desarrollo del juicio, que en cualquier caso podría paralizar la Audiencia Provincial de Madrid, si anula el proceso, será determinante para esclarecer los hechos y fijar, en su caso, las responsabilidades penales. Mientras tanto, el caso continúa generando un notable impacto político y mediático en España.
