En marzo pasado, la justicia de Río de Janeiro aceptó la segunda petición de recuperación judicial de la mayor operadora de telefonía fija de Brasil tras haberse acogido a una primera en 2016, que tardó seis años en concluir. La recuperación judicial en Brasil, amparada en la ley de quiebras y que permite el cese de pagos y el funcionamiento de las empresas para evitar la bancarrota, suspendió nuevamente la millonaria deuda de la Oi, que asciende a unos 29.000 millones de reales, unos 5.471 millones de euros.
En el plan aprobado por el consejo de la Oi -difundido en un comunicado al mercado en la noche del viernes- además del préstamo urgente, la compañía busca que la negociación del pago de la deuda no le impida obtener nuevos recursos, incluso con un posible aumento de capital. Asimismo, acceder a nuevas líneas de crédito y otras formas de captación, para reducir la deuda y refinanciarla.
La puesta en marcha de ese plan dependerá de la aprobación de la Sala Séptima Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, que fue la que aceptó el segundo pedido de recuperación judicial de la compañía.
En 2020, Oi vendió sus activos en telefonía móvil por 16.500 millones de reales, 3.313 millones de euros, la mexicana América Móvil (Claro) y Telecom Italia (TIM). La compañía negoció las deudas con sus acreedores cuando se acogió por primera vez a la ley de quiebras y ahora pretende ampliar el plazo de sus compromisos.
