Se trata de negociaciones, según apuntan las fuentes consultadas, en fase muy inicial, por lo que no se prevé que cristalicen a corto plazo y el papel de cada empresa aún no está decidido. Pero el proyecto sobre la mesa, que uniría las fuerzas de dos de las compañías tecnológicas punteras del país, serviría para ganar soberanía estratégica, tal y como promueve la Unión Europea (UE), y reducir la dependencia de los gigantes estadounidenses.
El proyecto pretende ofrecer una plataforma que garantice el control y la residencia de los datos conforme a la normativa europea, algo clave ante la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, que favorecerá a los proveedores locales en la gestión de información sensible. La mayor parte del despliegue se apoyaría en tecnología europea, y solo se compraría fuera el hardware gráfico (GPU) cuando no haya una opción equivalente en la UE.
Tanto Indra como Telefónica tienen participación pública, y cuentan con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como su máximo accionista. En el caso de la compañía de defensa, Moncloa controla el 28% del capital, mientras que en el caso de la operadora el porcentaje es del 10%.
La conveniencia estratégica de disponer de una nube 100% española, en un espacio llamado a cocinar la Inteligencia Artificial y el resto de los servicios digitales- parece asumida no solo por el Gobierno actual, sino que también podría contar con respaldo institucional en caso de un cambio político en España. No en vano, sobre el horizonte planea la ley estadounidense CLOUD Act, una normativa que faculta a las autoridades de EE. UU. para exigir datos a las empresas de ese país, aunque estén albergados fuera de su territorio. En circunstancias excepcionales, la Administración Trump podría considerar a sus empresas como «soldados americanos», obligadas a acatar las órdenes de la Casa Blanca sin margen para objeciones empresariales.
El movimiento de Telefónica dará respuesta a una creciente demanda de este tipo de servicios en el Viejo Continente, hasta el punto de que la Comisión Europea ya adjudicó la pasada primavera un contrato de nube soberana por importe de 180 millones de euros a proveedores con la calificación SEAL-3, es decir, con infraestructuras que no pueden ser bloqueadas por terceros ajenos a la UE. La primera nube ‘Made in Spain’ atiende al nombre de NubeSARA y se emplea únicamente para uso interno de la Administración central. Dicho servicio cloud alberga más de 12.000 servidores virtualizados y cuenta con medio centenar de organismos como clientes.
