Estas declaraciones las ha realizado durante la presentación de la ‘Memoria socio-económica y laboral de España 2022’, un trabajo elaborado por este órgano consultivo y aprobado este miércoles con solo dos abstenciones y ningún voto negativo, y que pone de manifiesto el papel mitigador de la política económica, laboral y social frente al retorno de la inflación y a la intensificación de las incertidumbres globales tras la guerra en Ucrania.
El informe confirma que durante 2022 España logró mantener el ritmo de crecimiento del año anterior, con un alza del 5,5% del PIB, situándose entre las economías más dinámicas de la Unión Europea, con un crecimiento que fue más equilibrado entre la demanda interna y la externa, aunque muy diferente entre el primer y el segundo semestre de 2022, debido principalmente al impacto de los altos niveles de inflación y de las subidas de tipos de interés.
Respecto a los sectores económicos, el sector primario vivió un año de elevada volatilidad e incertidumbre, pero el resto de las grandes ramas de actividad avanzaron respecto a 2021 y fueron lideradas por el sector servicios. A pesar de ello, ni la producción industrial ni la de la construcción lograron alcanzar a finales de año los niveles prepandemia, aunque sí lo consiguió el empleo.
El buen comportamiento del mercado laboral, la llegada de los fondos europeos y la excepción ibérica han sido citados por el CES como factores importantes que contribuyeron a que la economía española haya sido resiliente durante 2022, pese a una clara caída de la renta disponible de los hogares, la cual se redujo un 4,4% en términos reales.
Otro dato positivo que han destacado desde el consejo es el que el mercado laboral en 2022 ha sido «más equilibrado» respecto a la brecha de género, así como en las distancias entre comunidades autónomas y entre regiones más rurales y más urbanas, pese a que se mantienen los malos datos en lo relacionado a la tasa de desempleo juvenil.
Desde el CES se ha mostrado cierta preocupación por una segunda ronda inflacionista, a la que se ha citado como el «principal riesgo» de la economía española. Asimismo, preocupa el endurecimiento adicional de las condiciones financieras, que podría deteriorar «aún más» la situación de hogares y empresas. Otro preocupación es el crecimiento de la pobreza infantil en España. Costas ha recordado que los datos de la OCDE reflejan que España es el segundo país que menos invierte en la infancia, lo que provoca una gran pérdida de empleos, ingresos, productividad y crecimiento, por lo que ha pedido que se maximicen los esfuerzos para que el aumento del coste de la vida y la persistencia de brechas educativas no repercutan en un aumento de los niveles de pobreza infantil, como en las crisis anteriores.
De igual modo, Costas ha defendido que las transformaciones del modelo productivo que promueven los fondos europeos y el Plan de Recuperación vengan acompañadas de una transformación de la fuerza laboral. De lo contrario, prevé peligrosos desajustes entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, lo que también provocaría problemas de cohesión social y territorial.
Por otra parte, a pesar del importante esfuerzo presupuestario, el CES ha señalado que la implantación del Ingreso Mínimo Vital no ha discurrido con la agilidad que demandaría la situación del riesgo de pobreza en España, agudizada con la elevada pérdida de poder adquisitivo. Especialmente destacable resulta la puesta en marcha del incentivo al empleo para evitar la trampa de la pobreza. La norma establece la no minoración de la cuantía por aumento de ingresos que provengan del trabajo de hasta un 60%, dentro de una casuística compleja. Para El CES, el impacto del incentivo es «muy incierto».
Otra de las alertas que se ha lanzado desde el CES es la referente a citas a portales de servicios públicos, como las gestionadas por la Seguridad Social, que a lo largo de 2022 han presentado «una importante dificultad» en su tramitación e, incluso, un ‘mercado negro’ de ventas de citas, que Costas ha apuntado a que «corre el riesgo de convertirse en una pequeña corrupción».
Asimismo, se ha apuntado a que la falta de personal en ciertas administraciones públicas está causando problemas de «intermediación» entre vacantes laborales y personal cualificado para cubrirlas.
