El Gobierno británico ha asegurado que su objetivo es mantener un acceso razonable a los servicios de depósito y retiro y ha defendido que no considera necesario acometer una redistribución sustancial o la introducción a gran escala de puntos de acceso adicionales, ya que los datos a nivel nacional sugieren que la distribución del acceso al efectivo en el país es ampliamente integral.
No obstante, el Tesoro británico ha destacado que es importante garantizar que la «disposición razonable» tenga en cuenta las posibles deficiencias locales que pudieran tener un impacto significativo, así como la evolución de las tendencias y las innovaciones.
«Si bien la elección y la conveniencia cada vez mayores de los pagos digitales son excelentes, el efectivo tiene un papel importante y continuo que desempeñar», ha asegurado el secretario económico del Tesoro, Andrew Griffith, subrayando que la medida beneficiará particularmente a los que viven en áreas rurales, los ancianos y las personas con discapacidad. «Es por eso que estamos tomando medidas para proteger el acceso al efectivo por ley y estableciendo que esto suponga retiradas sin cargo y la disponibilidad de efectivo dentro de una distancia razonable», ha añadido.
De este modo, el Tesoro pretende con esta declaración garantizar que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) usará sus poderes para mantener el nivel de cobertura actual, al tiempo que reconoce que las necesidades pueden diferir según la ubicación y cambiar con el tiempo, mientras que deja claro que, si se retira un servicio y se necesita un servicio de reemplazo, este deberá implementarse antes de que se produzca el cierre.
Asimismo, también se requiere que la FCA «tenga en cuenta» las deficiencias locales en el acceso al efectivo y establece que el regulador debe considerar factores como el horario de apertura y la distancia a los servicios de acceso al efectivo, así como la necesidad de asistencia en persona.
De este modo, sobre la base de las leyes otorgadas a través de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2023, la FCA utilizará estos nuevos poderes para asegurarse de que los bancos y las sociedades de crédito hipotecario cumplan con estos estándares, y tendrá el poder de multarlos si no lo hacen.
