El alza del gasto en nóminas públicas ha sido constante desde 2019. Sin embargo, el aumento de 2026 en cantidad ha sido el más notable, pues se ha situado en 6.506 millones de euros. Otro salto importante fue el que se produjo entre el primer semestre de 2022 y el de 2023, cuando la diferencia fue de 5.310 millones.
La explicación a estos incrementos de gasto se encuentra, fundamentalmente, en el aumento de las plantillas públicas, según los expertos consultados por este diario. Solo en el primer trimestre y de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), los empleados públicos sumaron 21.100 más que al acabar 2025, si bien en el segundo trimestre bajó esta clase de empleo de acuerdo con esta misma encuesta.
El aumento de la contratación no ha alterado esa proporción. Los nuevos puestos firmados por mayores de 45 crecieron un 2,3% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que los de los menores de esa edad aumentaron un 5,6%.
La desventaja no es igual para todos los parados sénior. También existe una brecha entre los desempleados de 45 a 54 años y los mayores de 55 años. Cada desempleado en el primer tramo recibe 3,8 contratos, algo menos de la mitad que uno menor de 45. Por encima de los 55, la cifra se reduce a 1,4: un contrato por cada seis.
El reparto del total refleja ese mismo escalón. Los parados de 45 a 54 años suponen el 23,5% del paro registrado y firmaron el 17,2% de los contratos. Los mayores de 55 representan el 33,5% de los desempleados, pero solo el 9,1% de las contrataciones fue para ellos.
Hace veinte años, un parado mayor de 45 años firmaba 2,8 contratos por cada 9,3 de un menor de esa edad, y en 2019, 2,7 por cada 8,4. Desde 2021, la separación se ha ampliado año tras año hasta marcar en 2025 el máximo de la serie, del que apenas se ha movido en este año. Es el «círculo vicioso» que describe la fundación: «menos oportunidades generan más paro, y más paro refuerza los estigmas». edadismo
El segundo pilar es el coste salarial. La progresión ligada a la antigüedad convierte al veterano en un «perfil caro», aunque la fundación lo considera solo «una explicación parcial».
El tercero es unas políticas activas de empleo que juzga insuficientes: las bonificaciones a la contratación de mayores de 45 «no han demostrado ser lo suficientemente potentes» y la formación para desempleados es demasiado genérica. El cuarto es la brecha digital, que califica de «excusa reina para el descarte» y que, según advierte, se agrava con los filtros automáticos y los algoritmos de selección.
En total, desde enero de 2017 al mismo mes de 2026 el número de empleados públicos en España ha subido un 22%. Pero los trabajadores al servicio de los gobiernos autonómicos han crecido un 33%, de acuerdo con las mismas fuentes ministeriales. Estos incrementos se deben a que son las autonomías las que tienen asumidas las competencias en sanidad o educación, sectores muy intensivos en cuanto a puestos de trabajo. De hecho, las actividades que más incrementaron sus plantillas fueron las sanitarias, un 48%, y la educación, un 31%.
El Estado resulta el empleador del 17,5% del personal público. Sin embargo, el crecimiento de este ha sido fuerte en los últimos años a través de las Ofertas de Empleo Público (OEP), en las que no se incluye al personal laboral ni a los interinos ni al personal eventual de confianza. Los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han cuadruplicado de largo las convocatorias realizadas en la época de la presidencia de Mariano Rajoy. De 2012 a 2018 se convocaron unas 60.000 plazas y hasta 2025 han sumado unas 260.000. Hay que tener en cuenta que en los últimos diez años se ha producido un alto número de jubilaciones, más de 20.000. La OEP del año pasado consistió en 36.588 vacantes, entre los nuevos ingresos en la Administración y las plazas de promoción interna (8.891). Esta convocatoria fue la menor desde 2021 pues entre 2022 y 2025 salieron muchas más plazas de empleo público. El 78% de las plantillas estatales son funcionarios de carrera.
A principios de mayo de este año se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2026. En total se convocaron 37.017 plazas. De las mismas, 27.232 corresponden a puestos para cubrir en la Administración General del Estado (6.345 destinadas a promoción interna) y 9.785 para plazas en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Por otra parte, en 2026 y según el INE, los salarios en el sector público son más elevados que en el sector privado. Por término medio, un salario público está situado en 3.230 euros mientras que uno privado es de 2.182 euros. Ello explica en parte los incrementos del gasto total en nóminas, como los que reflejan los datos del INE.
Una de las razones de que en estos momentos se gane más en las Administraciones Públicas que en las empresas privadas es que las remuneraciones de las primeras se están actualizando con la inflación. No obstante, el aumento del montante del coste de las nóminas públicas que ofrece la Contabilidad Nacional que publica el INE no hay que achacarlo en gran medida a la actualización llevada a cabo a inicios de año.
En lo que respecta a las subidas salariales, en 2026 se ha hecho efectivo lo acordado en el acuerdo marco con los sindicatos que tiene validez hasta 2028. Los empleados públicos han recibido un aumento salarial fijo del 1,5%, con un posible 0,5% adicional ligado al IPC, lo que podría elevar la subida total hasta el 2%. Las autonomías y las entidades locales hacen frente este año a las subidas pactadas para 2025 ya que no llegaron a tiempo en el mes de diciembre. El Estado les permitió elaborar sus propios calendarios de pagos para actualizar las nóminas según las negociaciones con los representantes sindicales respectivos. «La cantidad vincula a todas, la forma de pago dependerá de lo que cada administración acuerde», informó en su momento el ministro para la Transformación Digital y Función Pública Óscar López al dar cuenta de lo aprobado por el Gobierno en relación con el acuerdo marco.
El incremento para 2026 va a ser, por tanto, de un 2% mientras que el del gasto total ha sido casi de un 7%. Por mucho que los empleados públicos de las Administraciones Territoriales recibieran con efectos retroactivos en sus nóminas de enero de 2026 la actualización del 2,5% pactada para el año 2025, el aumento que refleja el INE hay que buscarlo en que hay más empleados públicos que nunca y no tanto en la actualización por el IPC. El año que viene ésta será mayor, pues se ha pactado un aumento del 4,5% más el 0,5% adicional si la inflación supera el 1,5%. En conjunto, en el periodo 2025-2028 las remuneraciones de los efectivos públicos acumularán una subida del 11,4%.
