Ambas iniciativas forman parte de un paquete de medidas que busca aliviar algunos de los principales problemas a los que se enfrentan las pymes, entre los que destacan el retraso en cobrar sus facturas, la excesiva carga administrativa o el acceso a financiación. La CE propone en primer lugar una nueva regulación para atajar el retraso en los pagos a pymes, ya que actualmente solo un 40% de las facturas se abonan a tiempo, según el análisis de Bruselas, que apunta a que las administraciones públicas y las grandes empresas son los peores pagadores.
«Un cuarto de las quiebras de pymes tienen su origen en retrasos de pago, que a veces llegan a 100 o 120 días», destacó en rueda de prensa el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. La propuesta prevé mantener el plazo actual de 30 días para abonar una factura, pero eliminando las excepciones que ahora permiten ampliarlo para ciertas entidades públicas, como los hospitales, o si se negocia entre compañías otro plazo que no sea «extremadamente injusto», un término nada claro que ha generado muchos litigios, según explican fuentes europeas.
«Se introduce un plazo vinculante, no habrá excepciones ni discusión sobre lo que es justo e injusto: será para todas las transacciones comerciales un máximo de 30 días», apuntan sobre un reglamento que sustituiría a la directiva vigente.
Este prevé además introducir el derecho automático a reclamar intereses por demora y una penalización de 50 euros cuando no se respete ese plazo, lo que facilitará que las pymes obtengan unas compensaciones a las que muchas veces renuncian por el coste de reclamarlas ante los tribunales o el perjuicio que pueda generar a sus relaciones comerciales.
Bruselas propone asimismo que los contratistas principales de una licitación pública tengan que demostrar que pagaron a tiempo a las pymes subcontratadas, ya que han detectado que muchas veces solo abonan las facturas una vez concluida la obra; y que los Estados creen agencias que se encarguen de aplicar estas normas y puedan incluso investigar por iniciativa propia.
Por otra parte, la CE plantea medidas para facilitar que las pymes que operan en varios países paguen sus impuestos en todos ellos sin tener que lidiar con varias administraciones tributarias, lo que reduciría en un 32 % los costes de administración y permitiría ahorrar 34.000 millones de euros anuales, según sus cálculos.El plan prevé que las pymes calculen su base imponible conforme a las normas del país donde tienen su sede y presenten una única declaración de impuestos en ese Estado.
Ese país de origen tendría después que aplicar el tipo impositivo de los países dónde tenga establecimientos la pyme en función de la actividad que haya realizado en cada uno, recaudar los impuestos y transferir el montante correspondiente a las respectivas haciendas nacionales.
«Es un pequeño desafío en materia de coordinación para las administraciones tributarias, pero estamos equipados (…) y para las pymes es una gran simplificación», apuntan fuentes europeas.Este sistema sería opcional, solo podrían adherirse a él las pymes independientes -que no formen parte de un grupo- y contempla medidas para evitar que se aprovechen de establecerse en países con impuestos más bajos. Solo podrían acogerse al mismo las empresas que tengan residencia fiscal en un país desde hace más de dos años y cuando su beneficio en el exterior no supere el doble del que generan en el país de residencia. El sistema se aplicaría un máximo de cinco años prorrogables.
Para entrar en vigor, las propuestas deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE, en el caso de esta última, por unanimidad
