La sentencia constata que las desgravaciones de las que se han beneficiado estas empresas en los últimos años por la compra de al menos un 5 % de compañías extranjeras no pueden considerarse ayudas de Estado, como había afirmado la Comisión Europea.
El conflicto arranca de lejos. El Gobierno de Aznar lanzó en 2002 una normativa por la cual las firmas españolas que compraran más de un 5 % de compañías extranjeras podían amortizar el fondo de comercio financiero en veinte años a razón de un 5 % anual. El fondo de comercio financiero es la diferencia entre el precio de adquisición de una participación en el capital de una entidad y el patrimonio neto de la entidad proporcionalmente correspondiente a dicha participación en la fecha de adquisición.
Impulso a la internacionalización
La normativa tenía por objeto impulsar la internacionalización de las empresas españolas, que en esos años fue espectacular. Algunos ejemplos son la compra de O2 por parte de Telefónica en 2005 por 25.600 millones de euros o la adquisición en 2006 de Ferrovial del 83 % del principal operador de aeropuertos del mundo, BAA, en el Reino Unido, por 14.600 millones de euros.
La legislación facilitaba el trabajo de las empresas españolas, pero a la Comisión Europea había algo que no le cuadraba. En 2009 y 2011 ordenó a España recuperar la ayuda que se daba a las empresas por considerarla discriminatoria (la misma desgravación no se aplicaba si la compañía que se adquiría era española).
En 2009 y 2011 Bruselas ordenó a España recuperar las ayudas por considerarlas discriminatorias
Durante un tiempo, la Comisión dejó que siguiera aplicándose el régimen en determinadas condiciones. Sin embargo, el ministro Montoro aplicó una nueva interpretación en 2012 que provocó que Europa lo declarara ilegal en 2014 y ordenara recuperar las ayudas.
Desde entonces, el Gobierno español y diferentes empresas (entre ellas las citadas más arriba) pidieron al TGUE que anulara esta decisión. La victoria se produjo ayer con la sentencia del Tribunal, pero mientras tanto las empresas habían tenido que devolver el dinero de las supuestas ayudas de Estado, que se ha demostrado que no lo son: son ayudas fiscales.
