La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a oponerse a que la Audiencia Nacional intente reabrir la investigación por el espionaje telefónico a Pedro Sánchez y varios de sus ministros a través del programa espía Pegasus. Ante la ampliación de alegaciones de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, con vistas al recurso de apelación que deberá resolver la Sala de lo Penal, el fiscal jefe del citado tribunal, Jesús Alonso, ha reiterado de forma «íntegra y total» su informe contrario a que el instructor apremie al Gobierno a quejarse a las autoridades de Israel de su falta de colaboración (hasta cuatro comisiones rogatorias entre mayo de 2022 y febrero del pasado año se han quedado sin respuesta). En ese escrito, el Ministerio Público se remite así a su informe del pasado 9 de febrero, adelantado por este periódico, en el que concluye que «la falta de respuesta del Gobierno de Israel no puede convertir la instrucción en un procedimiento abierto sine die». Según expuso entonces el fiscal jefe de la Audiencia, los tribunales españoles «no pueden dirigirse al Gobierno para que este eleve quejas sobre la cooperación o falta de ella de otros estados, pues sería invadir las competencias» propias del Ejecutivo.
Pero el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, insiste y en la ampliación de sus alegaciones para intentar convencer a la Sala de que anule la decisión del juez José Luis Calama argumenta que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige «agotar todas las posibles diligencias de investigación». El hecho de que el juez no pueda inmiscuirse en tareas propias del Gobierno, señala, no le exime de impulsar todos los «mecanismos de cooperación e impulso procesal estrictamente judiciales e institucionales a su alcance».
La falta de respuesta a cuatro comisiones rogatorias, incide el letrado de la acusación popular, «no debe conducir a un archivo prematuro, sino a la activación de mecanismos de cooperación reforzada a través de Eurojust o de la Red Judicial Europea». De hecho, sugiere que se elabore una «declaración formal de falta de cooperación para su remisión a las autoridades competentes de la Unión Europea, dado que los hechos afectan a la seguridad nacional de un estado miembro». Por eso considera que el archivo acordado por el instructor supone «un cierre prematuro que consolida la impunidad de un ataque directo a las altas instituciones del Estado».
Sin embargo, la Fiscalía, alineada con el juez Calama, sostiene que la negativa de Israel a remitir información sobre la empresa NSO Group, encargada del desarrollo del programa con el que se espiaron los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura –Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, respectivamente– hace inviable e innecesario prolongar la investigación.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional defiende que en estos momentos no existen «diligencias útiles» que se puedan acordar para identificar a las personas que están detrás de la utilización de Pegasus para el espionaje a Sánchez y sus ministros y niega un archivo prematuro porque la resolución judicial ofrece -insistió en el informe al que ahora se remite- «motivación suficiente, específica y verificable». Detalla «qué se investigó», «qué cooperación se intentó» y, añade, «por qué no es posible hoy imputar a persona concreta».
