Ante esta situación, el debate se prevé polémico. La magistrada progresista Balaguer se inclina por una tesis y el magistrado conservador Tolosa, por la contraria. Se estudian dos ponencias para dos recursos, uno del PP y otro de Vox. Y la decisión debe ser sólo una.
El Tribunal Constitucional se reúne este lunes en un pleno monográfico del que trascenderá una doctrina que tiene en vilo a los jueces desde 2021. La deliberación se centra en dos ponencias totalmente distintas. De un lado, la progresista Balaguer (con el recurso de Vox) que cree que el Gobierno sí puede limitar la función del CGPJ porque en la Constitución no existe prohibición expresa a tal posibilidad. Del otro, el togado conservador Tolosa (con el del PP) quien defiende que dejar al Poder Judicial sin una de sus principales prerrogativas ataca de facto a la esencia de la separación de poderes.
El Ejecutivo de coalición impulsó esta reforma a través del PSOE y Unidad Podemos como partidos políticos, lo que eludió los informes consultivos de los órganos pertinentes, entre ellos el CGPJ. El presidente, Sánchez, pretendía así acorralar al PP para que pactara una renovación, pero dos años después el pacto entre ambas formaciones no se ha producido y el número de vacantes judiciales en todo el territorio no ha parado de crecer.
Sólo en el Tribunal Supremo falta ya un 30% de la plantilla y es en ese órgano donde están más vigilantes sobre lo que suceda en el Constitucional porque condicionará su futuro. Si la propuesta vencedora es la de Balaguer, el horizonte es poco alentador. El pacto entre Sánchez y Núñez-Feijóo parece más lejos que nunca y a medida que pasen los meses los togados del órgano judicial que crea jurisprudencia se van jubilando y marchando sin posibilidad de reemplazo. Por ejemplo, el próximo año lo hará el propio presidente interino del alto tribunal, Marín-Castán, generando otro nuevo vacío institucional sin precedentes.
Si la ponencia que progresa es, por el contrario, la de Tolosa, fuentes del Supremo también ven avecinarse otro problema distinto y es que el CGPJ deberá ponerse de acuerdo para renovar de golpe 23 magistrados. Pero los consultados tienen pocas esperanzas de que sea esta la tesis vencedora (que ven el mal menor) y creen que el Tribunal Constitucional hará valer su mayoría progresista para validar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que realizó Sánchez.
El debate estará centrado en el artículo 122 que establece que «el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario». Para Balaguer hay margen amplio de maniobra si el Legislativo quiere para redactar y borrar lo que en esa ley quiera ponerse.
