PSOE y Sumar han informado en un comunicado de este acuerdo, que se ha logrado después de que quedara prácticamente ultimado en una reunión que celebraron el lunes Sánchez y la líder de Sumar Díaz, y apenas unas horas después de que la vicepresidenta primera, Calviño, descartase la reducción de jornada como cuestión prioritaria y lo relegara al diálogo social. Por su parte, Díaz logra introducir en el pacto prácticamente todas las medidas que había reclamado desde la celebración de las elecciones e incluso llevado en su programa electoral.
El pacto servirá, según ambas formaciones, para una legislatura de cuatro años y permitirá a España “seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad, desarrollando políticas basadas en la justicia social y climática, y ampliando derechos, conquistas feministas y libertades”, según el comunicado conjunto.
Añaden que el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura será una prioridad, y entre otras medidas relevantes incluye “ambiciosos avances” en materia laboral como la reducción de jornada sin reducción salarial, la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil y el refuerzo del sistema público de salud para reducir las listas de espera.
También apuestan por el aumento del parque público de vivienda, algo que ya contempla la ley de vivienda pero que se limita a a las áreas tensionadas. Aunque ninguno de los partidos ha especificado por el momento los alcances de esta medida, cabe recordar que en su programa electoral, Sumar ya señalaba el desarrollo de una normativa específica para que en el suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida, mientras que el PSOE tenía el ojo puesto en alcanzar el 20% de vivienda pública en régimen de alquiler en los próximos años. En cualquier caso, es una de las grandes problemáticas a resolver; España es uno de los países europeos con un menor parque social de vivienda y casi por unanimidad los expertos lo consideran el factor clave para mejorar la accesibilidad a los alquileres.
Por otra parte, el documento recoge la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y la universalización de la educación de 0 a 3 años, con la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura. Además, habla de una “una reforma fiscal justa” que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público. Este punto hace referencia directa al impuesto temporal que se aprobó en diciembre de 2022 para financiar las medidas anticrisis desplegadas por la guerra en Ucrania, y que Yolanda Díaz ha insistido en que debe hacerse permanente. De hacerse realidad, engordarían de manera notoria las arcas del Estado, pues en los dos años de su puesta en marcha la recaudación asciende a 3.000 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo.
