Así, la entidad asegura que la composición del apoyo parlamentario del Gobierno significa que «cualquiera de los partidos de la coalición, incluidos los pequeños, podría bloquear la aprobación de legislación, incluso sobre políticas críticas para garantizar que la relación deuda-PIB siga una trayectoria descendente». Además, señala que el Ejecutivo deberá «tomar decisiones difíciles» respecto al presupuesto de 2024, como puede ser eliminar gradualmente «el costoso apoyo fiscal anticrisis que se introdujo por primera vez en 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania». De hecho, indica S&P, el Gobierno en funciones saliente presentó en octubre un proyecto de plan presupuestario para 2024 a la Comisión Europea, pero «carecía de autoridad legal para finalizar la legislación presupuestaria». Sin embargo, «optó por revaluar las pensiones de acuerdo con la inflación pasada, lo que resultará costoso».
Por ello, apunta que situaciones a atender, como la consolidación presupuestaria, una resolución del déficit estructural del sistema de seguridad social, elelevado desempleo formal y la implementación de reformas relacionadas con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de España, pueden verse afectadas por el «apoyo parlamentario fragmentado» que tiene el nuevo Ejecutivo. Respecto a la condonación de deuda catalana acordada con los partidos independentistas, S&P dice que el aumento de deuda que conlleve «no tendría ningún impacto en nuestras calificaciones crediticias soberanas no solicitadas de España (A/Estable/A-1)». Esto se debe a que los indicadores presupuestarios de referencia se basan en el perímetro del Gobierno general, que ya incluye las cuentas de las administraciones centrales y regionales.
