Ello a pesar de que, el pasado jueves, el Tribunal Supremo anuló el decreto de nombramiento de Magdalena Valerio por no cumplir uno de los requisitos exigidos, el de ser jurista de reconocido prestigio. Lo que obliga al Consejo de Ministros a aprobar otro decreto – es lo que en principio hará- o cesarla.
Es más. Alegría acusó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de meterse en el territorio del Ejecutivo. «Es la primera vez en la historia que la Justicia invalida un nombramiento del Gobierno, a petición de una denuncia de una institución privada», señaló, en alusión a la Fundación Hay Derecho. «Máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes».
