Esta era una de las medidas anunciadas a principios de mes dentro del ‘plan motosierra’ con el que el ultraderechista pretende reducir el gasto público. El Gobierno deja así sin ampliar todos los contratos que expiran el 31 de diciembre, mientras prepara una auditoría para conocer el número de trabajadores del Estado.
La medida afectará a aquellos trabajadores de la administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Existen algunas excepciones, como las de aquellas personas con algún tipo de discapacidad, o las que están dentro de las cuotas fijadas por la Ley de identidad de género, así como las de aquellos que precisan mantenerse en los puestos por la imposibilidad de mantenerlos vacantes.
Los sindicatos ya han anunciado que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional y el primer paro total de aquellas actividades relacionadas con las empresas y entidades públicas.
