Esta renta mínima ha arrancado el año en 1.080 euros al mes por catorce pagas, la misma cuantía que en 2023, a la espera de la subida que decida finalmente aplicar el Gobierno como resultado de sus negociaciones con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. En todo caso, sea cual sea el incremento que se practique sobre el SMI para este nuevo ejercicio, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. «En cuanto regresemos del día de Reyes, convocaremos la mesa de diálogo social y el Gobierno de España, junto con los agentes sociales, seguiremos subiendo el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores», señaló hace unos días la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Díaz.
No sería la primera vez que la subida del SMI se aprueba una vez iniciado el ejercicio para su aplicación con efectos retroactivos. Ya ocurrió con el alza de 2023, cuando el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios, aprobó a mediados de febrero subir el SMI un 8%, hasta los 1.080 euros mensuales, con efectos desde el 1 de enero de dicho ejercicio.
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CEOE y Cepyme, por su parte, han planteado subirlo un 3%, con la posibilidad de un 1% adicional si se desvía el IPC, en tanto que los sindicatos apuestan por un incremento del 5%, aunque aceptarían un 4% si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen, han avisado de que serán «más exigentes» y se irán por encima del 5%.
Además de proponer un alza del 4%, el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, una medida demandada por la CEOE, que pide concretamente que esta bonificación sea del 20%.
Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida si no hay previamente un compromiso por parte de este sector de cumplir los convenios colectivos, de avanzar en la negociación colectiva y de cumplir con el SMI en aquellos convenios donde no se lleva. La patronal también reclama indexar el SMI a los contratos públicos, una demanda que sí apoyan los sindicatos y que Trabajo ha trasladado a los ministerios competentes, aunque de momento sin éxito, pues Hacienda ha expresado ya su negativa.
