Así se lo ha comunicado el propio Reynders a ambos en una carta en la que les informa de que acepta implicarse «en un diálogo estructurado» con ellos, según recoge el comunicado. El comisario ha avisado, además, que «este diálogo no deberá exceder los dos meses», y ha manifestado su voluntad de contribuir a «resolver un problema que persiste».
Fue en la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a finales de diciembre cuando ambos dirigentes acordaron entre otras cosas desbloquear la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, y el líder del PP propuso al presidente del Gobierno que la Comisión Europea actuara como mediadora entre ambas partes y supervisara las negociaciones y el acuerdo para tal efecto.
Reynders propone que la primera cita tenga lugar el próximo miércoles por la tarde en Bruselas, precisamente un día ante de que en la capital europea se celebre una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la que asistirá Sánchez.
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños
En rueda de prensa, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha confirmado que será Reynders el encargado de presidir este diálogo, que tendrá una duración máxima de dos meses, y con una primera reunión que se celebrará el próximo 31 de enero en Bruselas.
«La Comisión está lista para desempeñar su papel para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE», ha destacado el portavoz, a lo que ha añadido que la labor del Ejecutivo comunitario se basará en las recomendaciones formuladas en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023.
«El último intento de alcanzar un acuerdo entre los dos principales partidos políticos fracasó en octubre de 2022», dice el documento enviado por Reynders, que apunta que ha visto «declaraciones públicas de que los dos partidos políticos principales están dispuestos a volver a entablar negociaciones y ambos estarían de acuerdo con que la Comisión supervise el proceso».
Por ello, el Ejecutivo comunitario está dispuesto a «desempeñar su papel y garantizar el cumplimiento del derecho de la UE», su trabajo se basará en las recomendaciones formuladas en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023.
