El tribunal ha dictado el auto de admisión de pruebas solicitadas por las partes en el que declara pertinentes la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran ocho fiscales más dos responsables de prensa de la Fiscalía, 12 periodistas, 11 guardias civiles de la UCO, cuatro políticos, dos abogados, y el acusador particular Alberto González Amador.
Los ocho fiscales son Julián Salto, Almudena Lastra, Pilar Rodríguez Fernández, Diego Villafañé, Agustín Hidalgo de Morillo, María Antonia Sanz Gaite, Esmeralda Rasillo, y Diego Lucas Álvarez, y los responsables de prensa Mar Hedo (Fiscalía General) e Iñigo Corral (Fiscalía de Madrid). Los políticos citados son Miguel Ángel Rodríguez (Comunidad de Madrid), Francesc Vallés y Pilar Sánchez Acera (ambos con cargos en Presidencia del Gobierno en la época de los hechos), y Juan Lobato (exsecretario general del PSOE de Madrid).
Los doce periodistas son Miguel Ángel Campos, Esteban Urreiztieta, Alfonso Pérez Medina, Cynthia Coiduras, José Manuel Romero, José Precedo, Isaac Blasco, Olivia Moya, Marcos Pinheiro, Fernando Peinado, Berta Carrero, y Juan José Mateo. La lista se completa con los abogados Carlos Neira y Eugenio Ribón, y con González Amador, además de los once funcionarios de la UCO.
La Sala considera pertinente, por su conexión con los hechos, que se requiera a la Cadena SER para que aporte la grabación del programa Hora 25 del día 13 marzo desde las 23:15 hasta las 23:30, así como la certificación completa con hora de publicación de la noticia de las 23:51 del día 13 de marzo de 2024 publicada por Miguel Ángel Campos relativa al ofrecimiento de una conformidad y el reconocimiento de dos delitos por parte de González Amador.
El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Por otra parte, la Inspección Fiscal ha contestado al magistrado instructor que «carece de competencia» para tramitar un expediente sobre el fiscal general del Estado, así que no existe ninguno abierto que pueda aportar a la causa. Responde así a una petición de Hurtado, que rechazó suspender en funciones a García Ortiz y dio traslado a la Inspección Fiscal para que en su caso, informarse sobre la existencia de algún expediente disciplinario al hilo de la presunta revelación de secretos del novio de Díaz Ayuso por la que ahora será juzgado.
